El Ministerio Público mantiene paralizada la investigación por el presunto desvío de recursos estatales destinados a financiar la “Red Desinformante”.
A un mes de la primera presentación formal, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, sigue sin designar a un equipo de fiscales para resguardar las evidencias del caso. Esta inacción, llamativamente, contrasta con la celeridad aplicada a la reciente denuncia por supuestas irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS), donde la institución actuó de forma inmediata.
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Lento avance
Tras las primeras publicaciones de la investigación de La Red Desinformante, el 28 de abril, un grupo de legisladores solicitó abrir una investigación de oficio sobre el financiamiento de la campaña sucia.
Luego, el 6 de mayo pasado, el comunicador Hugo Portillo, patrocinado por el abogado Ezequiel Santagada y la abogada Cecilia Pérez, formalizó una denuncia penal ante la Unidad de Delitos Económicos -en ese momento a cargo de la fiscal Soledad Machuca- por el supuesto uso de fondos públicos para hostigar a críticos del Gobierno.
Tras un largo análisis de 15 días, el expediente fue derivado por Machuca el 21 de mayo al gabinete del fiscal general, acumulando el caso con el presentado por Diputados en un solo expediente. Hasta la fecha, el caso permanece cajoneado en la oficina de Rolón.
En abierto contraste, la denuncia contra el extitular del IPS, Jorge Brítez, ingresó a la Fiscalía recién el 13 de mayo.
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El 27 de mayo, la fiscala adjunta Nancy Salomón elevó el expediente al fiscal general, y ese mismo día, de manera casi automática, Rolón firmó la Resolución 1817 para asignar a los fiscales Silvio Corbeta y Silvia González a la causa.
La abogada Cecilia Pérez apuntó directamente contra esta selectividad judicial. “La resolución de asignación sale el mismo día que remite Nancy Salomón. Sin embargo, nuestra nota es muy anterior y sigue sin asignarse”, reclamó la letrada.
Pérez, además, subrayó la urgencia y la gravedad de esta dilación, advirtiendo que se necesitan tomar medidas inmediatas para preservar la evidencia electrónica y evitar que los involucrados sigan eliminando sus rastros digitales en las redes, un acto que constituye un delito en sí mismo.
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