El polémico Elvio Benítez permanece privado de libertad por disposición del juez Vicente Coronel y afronta dos procesos penales. En la primera causa, por presunta apología del delito, logró acceder a medidas alternativas a la prisión. Sin embargo, sigue encarcelado debido a una segunda imputación por supuesta invasión de propiedad privada, asociación criminal y tentativa de homicidio.
La defensa pretende solicitar nuevamente la revisión de medidas en esta segunda causa, con el objetivo de lograr también su libertad ambulatoria.
Dos causas mantienen al dirigente bajo proceso
La fiscal Laura Romero imputó a Benítez por presunta apología del delito, mientras que la fiscal Marlene Florentín lo procesó por los hechos ocurridos durante el conflicto de la estancia Lusipar, ubicada en Santa Rosa del Aguaray.
La causa principal está relacionada con el intento de invasión de la estancia Lusipar y los enfrentamientos registrados durante el intento de ingreso a la propiedad.
El inmueble pertenece al narcotraficante brasileño Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”, y fue decomisado tras su captura. Actualmente se encuentra bajo administración de la Senabico.
De prófugo a candidato presidencial
Luego de permanecer casi cinco meses con orden de captura, Benítez se presentó voluntariamente el 28 de abril en la Comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray.
Su entrega ocurrió apenas un día después de lanzar públicamente su candidatura a la Presidencia de la República por el Partido Convergencia Popular Socialista.
Tras su presentación fue trasladado a Asunción y posteriormente remitido a la Penitenciaría de Emboscada.
Fiscalía acusa a 29 campesinos y pide juicio oral
Paralelamente, el Ministerio Público presentó acusación formal contra 29 campesinos procesados por el intento de ocupación de la estancia Lusipar y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
La acusación fue presentada por la fiscal Gloria Florentín junto a los agentes fiscales Juan Daniel Benítez, José Alberto Godoy y Laura Romero.
Ahora el Juzgado de Garantías de Santa Rosa del Aguaray deberá convocar a las partes a una audiencia preliminar para definir si el expediente avanza a juicio oral.
Los cargos que enfrentan los acusados
Los 29 procesados enfrentan acusaciones por: Invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños y tentativa de homicidio doloso.
Todos recuperaron su libertad bajo medidas alternativas luego de haber permanecido inicialmente con prisión preventiva.
El conflicto que originó el caso
Los hechos investigados ocurrieron el 5 de diciembre del año pasado, cuando una caravana de aproximadamente 50 vehículos intentó ingresar a la estancia Lusipar.
Durante el operativo se registró un enfrentamiento que dejó dos policías heridos por disparos de arma de fuego, varios campesinos lesionados, daños a vehículos policiales y la incautación de 32 vehículos pertenecientes a los manifestantes.
Tras las detenciones, organizaciones campesinas realizaron varias movilizaciones exigiendo la liberación de los procesados y la devolución de los bienes incautados.
Una disputa por tierras que sigue abierta
La estancia Lusipar cuenta con unas 11.000 hectáreas y se encuentra bajo administración de la Senabico.
El principal punto de conflicto es el arrendamiento del inmueble a privados, mientras organizaciones campesinas reclaman que las tierras sean destinadas a la reforma agraria.
Etapa decisiva para los procesados
Con la acusación fiscal ya presentada, el caso Lusipar entra en una etapa clave tanto para Elvio Benítez como para los otros 29 campesinos procesados.
La decisión del Juzgado de Garantías será determinante para establecer si los acusados deberán enfrentar un juicio oral en uno de los conflictos de tierras más resonantes de los últimos años en el departamento de San Pedro.