El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó la reposición planteada por la ex jueza de paz de la Catedral 2° Turno, Nathalia Guadalupe Soledad Garcete Aquino, en contra de la providencia que admitía la imputación en la causa N° 134 presentada el pasado 18 de mayo por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, en el marco de la mafia de los pagarés.
Dicha acción presentada por la abogada Raquel Talavera, quien ejerce la defensa de Nathalia Garcete, en contra de la nueva imputación por prevaricato en calidad de autora y uso de documentos públicos de contenido falso, como instigadora, fue al considerar que su clienta sufrió un agravio al ser procesada en dos causas distintas -la N° 15/2025 y la N° 134/2026- por los mismos hechos.
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Bajo los mismos argumentos, los coprocesados César Rubén Bogarín Alen (54), representante de la Compañía Administradora de Riesgo SA (CARSA), así como el exactuario Pablo Matías Cabrera Irigoitia (30) y la ex ujier notificadora Mariam Adelaida Ortíz Aquino (30), también accionaron contra la providencia del juez.
En el caso de César Bogarín, lo hizo a través de sus abogados Juan Carlos Duarte Martínez y Nancy Carolina Duarte Martínez; en tanto que en representación de Pablo Cabrera y Mariam Ortiz, la presentación la llevó a cabo el abogado Guillermo Duarte Cacavelos.
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El magistrado tuvo en cuenta para rechazar la pretensión de los encausados que, “los hechos imputados en la presente causa (llevar adelante juicios civiles a pesar del desconocimiento del demandado y a sabiendas de dicho desconocimiento) no fueron atribuidos con relación a los mismos juicios civiles en la causa N° 15/2025, conforme puede observarse en el acta de imputación de la referida causa como también en el requerimiento conclusivo y el AI N° 109 de elevación a juicio oral y público”.
Por ello el juez Humberto Otazú resolvió no hacer lugar a las reposiciones de la exjueza Nathalia Garcete, por el Auto Interlocutorio (AI) N° 171, del representante de CARSA César Bogarína, por el AI N° 172 y de los exujieres Pablo Cabrera y Mariam Ortiz, por el AI N° 173. Sin embargo, ante el rechazo, las acciones serán analizadas por un Tribunal de Apelación pues fueron formuladas con apelación en subsidio.
Fiscalía presentó nueva imputación por mafia de los pagarés
Los representantes del Ministerio Público imputaron en la causa N° 134, a Nathalia Guadalupe Soledad Garcete Aquino por prevaricato como autora y uso de documentos públicos de contenido falso, como instigadora.
Con Garcete también fueron imputados los ex actuarios Olivia Asunción Mosqueda Núñez (45) y Pablo Matías Cabrera Irigoitia (30), y la ex ujier notificador Mariam Adelaida Ortíz Aquino (30), por los ilícitos de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
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También son investigados los abogados representantes de la firma Compañía Administradora de Riesgos SA(CARSA),Edgar Fabián Ayala Melo (28), Juan Alberto Bogado (42), César Rubén Bogarin Alen (54), y la representante de la empresa Plan Urbano, la abogada Sun Young Bang, están imputado como instigadores de prevaricato, y autores del uso de documentos públicos de contenido falso; y el ex oficial de justicia Víctor Hugo Rotela (41), como autor de la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Para cada una de las causas citadas, el Ministerio Público solicitó el plazo de 2 meses para presentar requerimiento conclusivo. Cabe señalar que la causa principal de Nathalia Garcete ya se elevó a juicio oral y público.
Falsedades en cadena dieron pie a que se dicten 151 resoluciones irregulares
De acuerdo con los elementos reunidos por los fiscales investigadores, la jueza Nathalia Garcete habría tenido la colaboración activa de los abogados Juan Bogado, César Bogarín, Édgar Ayala, y Sung Young Bang, así como de la ujier Mariam Ortiz y los actuarios Pablo Cabrera y Olivia Mosqueda, quienes habrían practicado actos procesales y diligencias con apariencia de legalidad para avanzar el proceso judicial.
En tal sentido, la jueza Nathalia Garcete dictó al menos 151 resoluciones violando la ley, con el conocimiento de que las notificaciones dirigidas a los demandados no fueron diligenciadas realmente por la ujier, quien se limitaba a informar falsamente, siempre según la Fiscalía.
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Es así que, los abogados Juan Bogado, César Bogarín, Édgar Ayala y Sun Young Bang, se valieron a su vez de las cédulas de notificación con el informe del ujier sobre que las notificaciones fueron hechas, para solicitar al juzgado hacer efectivo el apercibimiento de tener por reconocidas las firmas en los pagarés.
Por su parte, la ujier Mariam Ortiz habría consignado falsamente en sus informes que las notificaciones fueron practicadas, lo que realmente no aconteció. Es así que los actuarios, Pablo Cabrera y Olivia Mosqueda elaboraron informes para dar ropaje legal de una tramitación procesal ajustada a la ley, que tendrían certificación falsa sobre la notificación de la ujier.
De esta forma los actuarios judiciales, con sus intervenciones en los procesos y el fin de dar la apariencia de legalidad, habrían colaborado para que la jueza Nathalia Garcete dicte las 151 resoluciones violatorias de la ley, bajo pleno conocimiento de que las notificaciones no fueron practicadas.