La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), en representación de diversas organizaciones de la sociedad civil, realizó este miércoles la segunda presentación de una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 7.363, que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. Esta normativa es conocida como la “Ley Anti-ONG o Garrote”.
Según argumenta, Codehupy esta normativa vulnera derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y restringe el ejercicio de las libertades cívicas en nuestro país.
La presentación se realizó esta mañana en el Palacio de Justicia. En esta oportunidad, cinco organizaciones se sumaron a las 33 que impulsaron la primera presentación, reafirmando el rechazo de sectores de la sociedad civil a una ley que, según sostienen, establece mecanismos de control excesivos, discrecionales y punitivos sobre las organizaciones sin fines de lucro.
Las organizaciones que impulsaron esta nueva presentación son: Sobrevivencia, Decidamos, la Federación Nacional Campesina, la Red Paraguaya de Artistas LGBTQ+ (REPAR+) y el Centro de Documentación y Estudios.
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Cuestionan afectaciones a derechos constitucionales
Durante la conferencia de prensa, Dante Leguizamón, de Codehupy, señaló que las organizaciones ya perciben los efectos de la normativa debido a las nuevas exigencias administrativas.
“Ya estamos sintiendo la necesidad de presentar informes a partir de las exigencias de la ley y el decreto, con todas las dificultades que eso implica”, afirmó.
Explicó que cerca de 50 organizaciones de la sociedad civil ya impulsan acciones para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronuncie sobre la suspensión de los efectos de la ley como medida cautelar y posteriormente sobre el fondo del cuestionamiento.
Leguizamón sostuvo que la normativa afecta derechos como la libertad de asociación, la participación política, la intimidad y la protección de datos personales.
Reclaman controles sobre fondos privados
Uno de los principales cuestionamientos planteados por las organizaciones se refiere a las atribuciones otorgadas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el control de información y recursos administrados por entidades privadas.
Leguizamón indicó que existe una institución constitucionalmente creada, la Contraloría General de la República (CGR), que ya tiene facultades para verificar fondos públicos entregados a organizaciones de la sociedad civil.
“Somos instituciones de derecho privado, reguladas por el derecho privado, constituidas por el derecho privado, usufructuando el derecho a la asociación que tenemos y a la participación política que nos da la Constitución”, manifestó.
Agregó que la ley incorpora una sobrecarga administrativa mediante nuevos registros, informes y requisitos que afectan el desarrollo normal del trabajo de las organizaciones.
Advierten duplicación de requisitos y controles
Susana Aldana, de Decidamos, afirmó que las organizaciones ya cumplen los controles establecidos por el Estado y que la nueva normativa vuelve a solicitar información previamente entregada.
“Ya nosotros presentamos de manera semestral nuestros datos a la Seprelad, que es la secretaría responsable del control de lavado de dinero. Sin embargo, aquí de vuelta vuelven a solicitar una cantidad de datos que ya presentamos”, señaló.
También cuestionó que se establezcan controles sobre fondos privados administrados por organizaciones privadas.
Alertan sobre impacto en la participación ciudadana
Miriam González, del Centro de Documentación y Estudios, sostuvo que la normativa podría generar un impacto negativo en la participación social y política de la ciudadanía.
Afirmó que los requisitos establecidos para el nuevo sistema podrían dificultar el funcionamiento de pequeñas organizaciones que buscan desarrollar proyectos comunitarios.
“Lo que hacen las organizaciones sin fines de lucro es promover esa participación ciudadana de personas, de grupos, de organizaciones en el Paraguay, para que ejerzan su derecho a demandar, controlar y monitorear lo que hace el Estado paraguayo”, expresó.
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Vulneración de derechos constitucionales
Las organizaciones sostienen que la Ley Nº 7.363 vulnera principios constitucionales como la libertad de asociación, la libertad de expresión y participación, el principio de legalidad y obligaciones internacionales asumidas por Paraguay.
Además, alertaron que la normativa puede afectar iniciativas sociales, educativas, culturales, ambientales y de desarrollo comunitario que benefician a miles de personas.