16 de abril de 2026

Ayer se cumplió un mes que la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes sobre el manejo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), sin tener respuesta y pese a que pasó el doble del tiempo establecido por ley. Mientras, esta oenegé “amiga” del oficialismo sigue cobrando compulsivamente a los contribuyentes de municipios, sin rendir cuentas.

El director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni, una organización sin fines de lucro dedicada al ambientalismo, opinó que existe una “lógica autoritaria” y un “objetivo político” detrás de la ley de control, transparencia y rendición de cuentas de organizaciones no gubernamentales, impulsada por el cartismo y reglamentada la semana pasada por el presidente Santiago Peña. Adelantó que se analizará si se justifica presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Los diputados opositores Johanna Ortega (Partido País Solidario) y Raúl Benítez (Independiente) coincidieron en que con la reglamentación de la ley anti-ONG, el cartismo, a la par de sumar otro “garrote” contra los enemigos, podrá “blanquear” a los amigos en medio de un plan “inquisitorio” y autoritaria.

La presidenta de la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia, Valeria Insfrán, criticó que el Ejecutivo suavizó las sanciones de la Ley de control a las ONGs y delegó su reglamentación a las propias organizaciones influyentes. Aseguró que es “una bofetada” de Santiago Peña a su electorado.
