El conflicto entre yerbateros y mineros de Paso Yobái en el departamento de Guairá se agudizó el año pasado cuando se realizaron varias audiencias públicas en el Congreso Nacional en el marco de una ley que pretendía prohibir el uso de mercurio y cianuro para el procesamiento del oro, pero que finalmente fue al archivo por la Cámara de Diputados de mayoría cartista.
El proyecto se presentó tras la publicación de un estudio que demostró la alarmante contaminación por uso de cianuro y mercurio en Paso Yobái, investigación realizada por la Universidad Nacional de Asunción, la Diócesis de Villarrica y la Universidad Católica Campus Guairá. Los resultados fueron que los valores de cianuro detectados superan ampliamente los umbrales internacionales y llega a ser incluso 40 veces el valor máximo permitido.
Ayer, tras un año de la frustrada iniciativa, la Codehupy, en conjunto con la Asociación de Yerbateros de Paso Yobái y el líder de la Comunidad Indígena Yvyty Kora presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público para que se investigue a los responsables de la multinacional Lampa S.A. por la presunta comisión de delitos ambientales relacionados con la extracción de oro en el distrito de Paso Yobái, departamento de Guairá.
La denuncia se sustenta en indicios de contaminación ambiental derivados del presunto uso y manejo irregular de sustancias tóxicas en la actividad minera, con posibles afectaciones a la salud de las personas de las comunidades, así como a arroyos, suelos y cultivos de la zona.
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¿Qué dice la denuncia contra Lampa S.A.?
En el escrito presentado ante la Fiscalía, solicitan la apertura de una investigación penal, la realización de diligencias urgentes para el esclarecimiento de los hechos y la adopción de medidas destinadas a prevenir la continuidad del daño ambiental.
Los representantes de las organizaciones señalaron la necesidad de que el Ministerio Público investigue los hechos denunciados y determine las eventuales responsabilidades penales.
Agregan que buscan que las autoridades competentes impulsen una investigación exhaustiva sobre los presuntos hechos denunciados y adopten las medidas necesarias para garantizar la protección del ambiente y de los derechos de las comunidades potencialmente afectadas.
En el estudio realizado el año pasado por las instituciones académicas, mencionaron que la lixiviación con estos químicos para la separación del oro genera una alarmante degradación ambiental, afecta los ríos, el suelo, la flora y fauna, poniendo en riesgo la salud de la población.
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“La contaminación acumulativa y persistente, con alto potencial de afectación a cultivos, animales, cuerpos de agua superficiales y subterráneos, y eventualmente a la cadena alimentaria humana, representa un riesgo sistémico. La comunidad de Paso Yobái ha reportado impactos directos en su salud, sus medios de vida y su derecho a vivir en un ambiente sano”, resaltaba el argumento del proyecto de ley que se basó en el estudio.
Los impulsores de la normativa argumentaron en su momento que además el mercurio y el cianuro comprometen el futuro productivo de la región y afecta el modo de vida tradicional yerbatero.