El Ministerio de la Defensa Pública (MDP), en articulación con diversas instituciones, presentó oficialmente la campaña institucional “La libertad es la regla”.
Esta iniciativa busca difundir el contenido de la normativa vigente sobre la prisión preventiva y fortalecer el litigio estratégico de la defensa pública, recordando que esta medida cautelar no debe convertirse bajo ningún punto de vista en una condena anticipada.
Durante el lanzamiento, el defensor General, Prof. Dr. Javier Dejesús Esquivel González, fue categórico al puntualizar el espíritu de la iniciativa: «La campaña no propone cambiar la ley. Propone aplicarla».
La urgencia de la medida se sustenta en los datos del anuario estadístico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) al cierre de 2025: el 60,2 % de las 19.426 personas recluidas en el país carece de una condena firme.
Lea más: Video: Ministerio de Justicia revela circuito cerrado del caso Hugo Javier
Como correlato de esta situación, la sobrepoblación promedio del sistema penitenciario asciende al 147 %, encontrándose establecimientos que superan el 1.000 % de ocupación en relación con los estándares internacionales de derechos humanos.
Asimismo, el informe expone una grave vulnerabilidad sanitaria dentro de los penales, registrando 912 casos de tuberculosis y 125 personas con diagnóstico de VIH.
Herramientas jurídicas y respaldo institucional
Para revertir esta realidad, la campaña acompaña la implementación de un kit de litigación estratégica. Este recurso incluye cinco modelos de escritos orientados a la revisión, sustitución y morigeración de la privación de libertad, destacándose un incidente de tutela judicial efectiva destinado específicamente a salvaguardar la salud de los reclusos en situación crítica.
El marco legal que respalda esta ofensiva jurídica se ancla en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que consagra la excepcionalidad de la prisión preventiva, y en la Ley N.° 6.350 de 2019, que modifica el artículo 245 del Código Procesal Penal (CPP) e impone a los jueces la obligación de priorizar medidas menos gravosas cuando estas resulten suficientes para los fines procesales.
Lea más: “La Red Desinformante”: defensa de Chena denuncia ante Corte presunta filtración de fallo
La campaña se extenderá por un período de ocho semanas e incluirá la difusión de contenidos informativos, actividades académicas y jornadas de capacitación interna dirigidas a las defensorías penales de todo el país.
El evento inaugural, realizado de forma telemática, contó con la presencia de autoridades clave del Estado y referentes de derechos humanos, entre ellos el defensor del Pueblo, Rafael Avila; el presidente del MNP, Oscar Ayala; la defensora Adjunta en lo Penal, Dra. Nancy Amarilla; el director de Derechos Humanos del MDP, Dr. Hugo Giménez; y unos 34 defensores públicos del fuero penal de distintas circunscripciones del país.