8 de agosto de 2026

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inició una investigación sobre una jueza en lo Civil y Comercial que condenó al Estado paraguayo a pagar una indemnización de G. 221 millones a un peluquero, por abuso de la prisión preventiva. El afectado estuvo preso un total de 22 meses, antes de ser desvinculado de un proceso penal.


La jueza Rosarito Montanía decretó la prisión preventiva de los tres estadounidenses que fueron imputados por la fiscala Ingrid Cubilla por su presunta responsabilidad en el ingreso a nuestro país de una carga de 261 kilos de marihuana prémium.

Marcelo Manuel Romero, el peluquero de Barrio Republicano (Asunción) que le ganó un juicio al Estado y debe cobrar G. 221.807.288 en concepto de indemnización, fue sobreseído al inicio de su juicio oral tras estar 22 meses preso en una causa por robo agravado. La fiscala del caso, que había ratificado su requerimiento en la audiencia preliminar, retiró la acusación en la etapa incidental del juzgamiento, obviando varias evidencias.

El chofer de Bolt Cristian Eduardo Jaime Narváez seguirá con prisión preventiva en el proceso que afronta por la agresión que ocasionó la muerte al pasajero Arnaldo Ramón Grance Coronel, de 44 años. El juzgado rechazó el arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica, que había solicitado la defensa del encausado por homicidio culposo y omisión de auxilio.

Para la abogada Olga Recalde Peters, la sentencia que condenó al Estado paraguayo a indemnizar a una docente que estuvo casi 3 años presa por un crimen del que fue absuelta, tiene una doble función. Además de la reparación de los daños causados por la actuación arbitraria de operadores de justicia, la profesional destacó que el fallo también debe servir para prevenir el abuso de la prisión preventiva.

El precandidato a concejal de Luque Roberto Cubilla Sanabria (ANR - cartista) cumplirá prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos, en el marco del caso Copia Fiel 2.0, según resolvió hace minutos el juzgado de Garantías a cargo de la causa. El abogado y notario público es sindicado como “cerebro” de la estructura de ocultamiento de bienes provenientes del narcotráfico, pertenecientes a la familia del exdiputado fallecido colorado Eulalio “Lalo” Gomes.