El acusado por presunto narcotráfico Giovani Zárate Jiménez, alias Jony, considerado como “mano derecha” de Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, deberá afrontar juicio oral y público en el marco del caso Barret, así lo dispuso la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Lici Teresita Sánchez, mediante su Auto Interlocutorio (AI) N° 185.
El fiscal de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, José Martín Morínigo, había formulado acusación el 3 de julio de 2026 contra Zárate Jiménez por tráfico internacional de drogas (art. 26), asociación criminal (art. 42) y comercialización de estupefacientes (art. 44), todos por la Ley N° 1.340/88 y su modificatoria Ley N° 1.881/2002, como autor.
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Junto con Giovani Zárate, también fueron acusados por la Fiscalía, Alexandro Dos Reis Acosta, por tráfico ilícito de armas (art. 98) de la Ley N° 4036/2010 (abrogada), asociación criminal (art. 42) de la Ley N° 1.340/88.
También el fiscal pidió juicio para los militares Rodney Villalba González, Jorge Daniel Villalba González por los hechos tipificados en los artículos 26, 42 y 44, además del 98, y cohecho pasivo agravado (art. 301 del CP) para el último; en tanto que José Ignacio Ramírez, alias Yanqui, y el policía Germán Lezcano Ojeda, alias Pikeitor, y Cristian Mareco Duarte, fueron acusados por los ilícitos penados en los artículos 26, 42 y 44 de la norma antidrogas, todos en calidad de cómplices.
Caso Barret: figura de acusado surgió tras operativa contra Macho
De acuerdo con lo que se resalta en la acusación del Ministerio Público, el Departamento Contar el Crimen Organizado de la Policía había solicitado iniciar una investigación relacionada a una organización criminal que operó en el departamento de Canindeyú, entre febrero de 2024 y julio de 2025.
Se detalla que, luego de que se llevara a cabo la operación “Ignis” en 2023, la misma provocó un debilitamiento en la estructura criminal liderada supuestamente Santiago “Macho” Acosta, quien desde entonces permanece prófugo de las fuerzas de seguridad y de la justicia. Tras ese hecho surgió una estructura liderada por Giovani Zárate.
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La organización delictiva que dirigió Giovani Zárate, según la acusación fiscal, se dedicó a la producción, acopio, tráfico y comercialización internacional de marihuana.
A su vez, esta estructura contaba con otras varias células que operaban bajo la dirección de Zarate, las cuales estaban compuestas por unas 50 personas, entre paraguayos (algunos pertenecientes a comunidades indígenas de la zona) y brasileños, que coaccionaban a los dueños de establecimientos rurales, para quitarles sus terrenos y utilizarlos para plantaciones de marihuana.
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En ese contexto, describe el escrito fiscal, que la organización liderada por Giovani Zárate proveía de víveres a comunidades indígenas de la zona con el objetivo de lograr protección, aprovechándose así de su estado de vulnerabilidad y necesidad.
Sin embargo, la protección no solo provenía de las comunidades nativas de la zona, sino también de efectivos policiales y militares de la zona, mediante contraprestaciones económicas que los criminales entregaban a cambio de obtención de información privilegiada y otros elementos.
¿Cómo funcionaba la estructura?
La acusación del fiscal José Martín Morínigo detalla que entre el 28 de febrero de 2024 y el 2 de julio de 2025, se registraron hechos en forma consecutiva, dinámica y sistemática en los distritos de Curuguaty, Yby Pytã, Yvyrarovaná y Saltos del Guairá, que fueron investigados a través de escuchas telefónicas, autorizadas judicialmente.
Mediante ese seguimiento fue identificado Giovani Zárate Jiménez, alias Jony o Jonny, quien en su carácter de supuesto líder del grupo narcotraficante impartía órdenes a través de llamadas telefónicas a los demás miembros de la estructura.
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Así, por ejemplo, se tiene un hecho ocurrido el 8 de setiembre de 2024, cuando Giovani Zárate fue informado a través de una llamada telefónica que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), estaba por la zona de Caruperá y que habían mandado hacer “clavo tipo Miguelito”, para evitar la persecución en una posible huida, así como las indicaciones para trasladar la marihuana vía fluvial.
Otro de los integrantes, también acusado, Alexandro Dos Reis Acosta, está sindicado de ser quien brindaba apoyo económico a la organización mediante el “empeño de objetos”, actividad mediante la cual recibía armas de fuego, vehículos y cualquier otro objeto de valor entregados por sus integrantes, a cambio de dinero en efectivo.
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La plata que obtenía a través de esa actividad posteriormente era utilizada por miembros de la estructura para solventar gastos relacionados al cultivo, procesamiento, transporte y comercialización de marihuana. Así también, las armas que Dos Reis Acosta recibía para empeño luego eran ofertadas a los integrantes del grupo.
También se identificó a José Ignacio Ramírez, quien era dueño de un taller y en ese contexto, era el encargado de realizar el mantenimiento y acondicionamiento de los vehículos de la organización. Esta última tarea consistía en el desmonte de asientos de los rodados usados, para que sean funcionales para transportar marihuana y armas de fuego.
Así también estaba a cargo de proveer de combustible a los criminales y de ocultar los rodados que estaban bajo sospecha de las autoridades y era el nexo con los organismos de Justicia.
Por su parte Christian Mareco Duarte, fungía de persona de confianza de Giovani Zárate y era quien mantenía informado al grupo sobre la presencia de policías y militares en la zona de Yby Pytã, Americana, de Canindeyú, áreas en las que operaba el grupo para los cultivos y el tráfico de la marihuana. Durante los traslados era el puntero.
Militares y policías operaban para grupo narco
El requerimiento conclusivo del fiscal Morínigo señala a miembros de las fuerzas del Estado, militares y un policía, como presuntos cómplices de la organización liderada por Giovani Zárate, con funciones específicas que beneficiaban al final de todo a la referida estructura.
Así se tiene el caso del Sargento de las Fuerzas Armadas, Jorge Daniel Villalba González, quien comercializaba cartuchos y armas de fuego a los miembros de la estructura. Igualmente, facilitaba el contacto de terceras personas a los integrantes del grupo criminal para que adquieran las armas y proyectiles.
Pero la tarea de Villalba González no acababa con la provisión de armas ya que, como el mismo también tenía acceso a información privilegiada sobre incursiones o procedimientos de la FTC u otro organismo de seguridad, alertaba al líder de operativos que se llevarían a cabo, a cambio de dádivas en dinero.
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El otro militar supuestamente al servicio del grupo es el Sargento Ayudante de las Fuerzas Armadas, Rodney Villlalba González, quien proveía de municiones al grupo, además alertaba al mismo sobre incursiones o procedimientos de la FTC y también, sobre los lugares donde se realizarían controles de personas y rodados para su evasión.
Igualmente, el policía Germán Lezcano Ojeda, se encuentra en servicio activo aún en el Puesto Policial Nº 3 Yby Pytã, de Canindeyú, y estaba encargado de informar sobre los movimientos de las autoridades, intervenciones de la GEO, Antinarcóticos, Inteligencia y Senad en la zona. También, realizaba cobertura para el traslado de las cargas de marihuana, e incluso puso a disposición de la organización la patrullera del puesto policial para el transporte de marihuana.