El fiscal Luis Alberto Albertini pidió que el exintendente de Jesús de Tavarangue, departamento de Itapúa, Víctor Bernardo Garay Olmedo sea sentenciado a 6 años de cárcel, ya que a criterio del agente en el juicio oral quedó probado que cometió el hecho punible de lesión de confianza, en el periodo fiscal 2022.
Según lo resaltado por el agente fiscal en los alegatos finales, el político colorado ocasionó un daño patrimonial de G. 2.440 millones a la institución, de los fondos especiales otorgados a los municipios para obras y preservar el patrimonio cultural por las leyes 5255/14 y 6145/18.
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Por otro lado, ante las contradicciones e inconsistencias surgidas durante las declaraciones de varios testigos, el fiscal Luis Albertini peticionó al Tribunal de Sentencia la remisión inmediata de los antecedentes para la apertura de una investigación penal por presunto testimonio falso.
La defensa presentará sus alegatos finales el lunes 19 de octubre, a las 8:30, y ese día el Tribunal Especializado en Delitos Económicos presido por la jueza Elsa García e integrado por Matías Garcete y Adriana Planás, daría a conocer su sentencia.
Exintendente causó perjuicio de G. 2.440 millones, según fiscalía
En sus alegatos finales el fiscal Luis Alberto Albertini resaltó que con el cúmulo de pruebas testificales, documentales y periciales se demostró la existencia de un perjuicio patrimonial de G. 2.440 millones a la Municipalidad de Jesús de Tavarangue.
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Según Albertini, el desvío de los recursos municipales se concretó, principalmente, con la transferencia de fondos al Consejo de Desarrollo, una institución de carácter privado presidida por Víctor Garay Olmedo, quien en simultáneo ejercía la intendencia del distrito itapuense.
El agente fiscal resaltó que esta duplicidad de funciones le permitía al ahora acusado ejecutar desembolsos y manejar el dinero al margen del control institucional, esquivando tanto los controles previos y posteriores de la Junta Municipal como la rendición de cuentas en los informes de ejecución presupuestaria anual.
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A dicha maniobra se sumaron inconsistencias detectadas por la Contraloría General de la República, como órdenes de pago emitidas formalmente a nombre de determinados beneficiarios, cuyos cheques terminaban siendo cobrados en ventanilla por terceras personas, entre ellas funcionarios de la propia comuna.
Obras chapuceras en Jesús de Tavarangue
Uno de los testimonios claves producidos en el juicio oral fue del arquitecto Juan Villalba, quien realizó un peritaje de seis obras a pedido de la Junta Municipal y la intendenta interina Idilia Peralta (ANR). El testigo confirmó que las obras presentan varias deficiencias técnicas, debido a que no se hicieron previendo el tipo de suelo húmedo y con pendiente.
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El profesional indicó que trabajó durante una semana recolectando datos de seis obras municipales entre las que se encontraron la apertura de caminos, empedrado, tanques elevados y la reparación de una escuela, donde pudo afirmar que algunas se hicieron de manera chapucera y que detectó diferencias en los costos.
Villalba detalló que cuando solicitó los documentos técnicos no le proporcionaron. Dijo que no encontró el proyecto de la obra, documentos de seguimiento, fiscalizaciones o presupuestos.
Además, el testigo resaltó que el único elemento documental con que contó fue la pericia realizada por los técnicos de la Contraloría General de la República, documento que también está como documental en el juicio.
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“En mi verificación solo encontré el empedrado, no así la canalización a cielo abierto, dársenas para peatones y paradas de buses. Eso se debe hacer urgente para preservar el empedrado porque hay zonas de esterales y bajadas de agua”, enfatizó Juan Villalba en parte de su declaración en el juicio.