15 de octubre de 2026

El Ministerio Público solicitó que el exintendente de Jesús de Tavarangue (Itapúa) Víctor Bernardo Garay Olmedo (ANR) sea condenado a 6 años de cárcel por un presunto daño patrimonial de G. 2.440 millones en el año 2022. El municipio debía utilizar dichos recursos en obras para preservar el patrimonio cultural, según la acusación fiscal.

En el marco del juicio que afronta el intendente de Jesús de Tavarangüe, Víctor Garay (ANR) por un presunto daño patrimonial de G. 2.440 millones, la testigo Diana Monzón, denunció haber sufrido una serie de amenazas e intimidaciones por parte del jefe comunal para que desista de su declaración. “Intentó atropellarme con su vehículo”, dijo la mujer ante el tribunal.

El fiscal Luis Albertini recusó al Tribunal de Sentencia que juzga al intendente de Jesús de Tavarangüe, Víctor Garay (ANR), acusado por lesión de confianza por un supuesto perjuicio de G. 2.440 millones, alegando una supuesta falta de imparcialidad al no haber resuelto un pedido de ampliación de acusación que planteó tras la declaración de una concejal en juicio.

La actual concejal de Jesús de Tavarangüe y ex intendenta Interina, Idilia Peralta (ANR) confirmó en juicio que el intendente Víctor Garay (ANR) administró de manera desprolija millonarios recursos que recibió el municipio que debían ser destinados para preservar sitios históricos y culturales. El supuesto perjuicio patrimonial, según la acusación fiscal es de G. 2.440 millones en el período fiscal 2022.

El juicio que afronta el intendente de Jesús de Tavarangüe Víctor Garay (ANR) por lesión de confianza continúo con la declaración de un perito que verificó la obras ejecutadas con dinero provenientes del fondo para preservar el patrimonio cultural. El testigo indicó que las obras que verificó se hicieron sin contar con las especificaciones técnicas por lo cual la calidad podría verse afectada.

Dos concejales y el excontador de la Municipalidad de Jesús de Tavarengüe confirmaron en juicio oral que el intendente Víctor Garay (ANR) creó una “comisión paralela” y contrató “empresas de maletín” para malversar dinero provenientes de fondos especiales.