Avanza con testificales el juicio oral y público contra el intendente de Jesús de Tavarangüe, Víctor Garay (ANR), acusado por presunta lesión de confianza por un supuesto perjuicio de G. 2.440 millones en el periodo fiscal 2022 de los fondos especiales otorgados a los municipios para obras y preservar el patrimonio cultural por las leyes 5255/14 y 6145/18.
En la jornada se presentaron a declarar Pedro Ramírez (concejal), Antonio Rolón (concejal) y Hugo Paniagua (excontador) en el marco de la acusación por el presunto daño patrimonial de G. 2.440 millones del dinero que recibió la Municipalidad de Jesús de Tavarangüe por fondos especiales.
En su declaración, Hugo Paniagua, excontador de la municipalidad, señaló que participó en la preparación de informes y descargos relacionados con las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, aunque manifestó en varias ocasiones no recordar los detalles específicos sobre determinados pagos y la documentación respaldatoria.
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No tuvieron acceso a las documentaciones
Por su parte, el concejal Pedro Ramírez (ANR) indicó que nunca como ediles tuvieron acceso a los documentos que justifiquen el uso del dinero. Agregó que las obras fueron realizadas de manera chapucera, incluso algunas siguen inconclusas.
Confirmó que ninguna de las obras fueron licitadas, sino que fueron ejecutadas por la vía de la excepción, con lo que se saltaron varios procesos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
“Nosotros nunca tuvimos acceso a las obras, las documentaciones, no se realizaron de manera adecuada no hay terminación de los empedrados. Las obras no fueron licitadas, sino por la excepción”, dijo el concejal colorado.
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Por su lado, el concejal Antonio Rolón (PLRA) confirmó también que la Junta Municipal nunca tuvo acceso a los documentos que justifiquen el uso del dinero público. Agregó que el intendente Garay conformó una “comisión” con la cual administraba de manera paralela el dinero.
Agregó que en el 2022 se contrató a empresas cuyas dueñas son “amas de casa y docentes”, y no cuentan con solvencia ni herramientas para ejecutar los trabajos.
“El intendente formó una comisión, nunca pasó por la Junta Municipal ninguna ejecución. Los concejales nos enteramos por el trabajo realizado en 2022. La Municipalidad dijo que contrató a una arquitecta quien después salió a desmentir el vínculo”, sostuvo el edil liberal.
El Tribunal de Sentencia está presidido por Elsa García e integrado por Adriana Planas y Matias Garcete. El fiscal de la causa es Luis Albertini.
El Ministerio Público acusó al intendente Garay el 12 de diciembre del 2023 por manejar irregularmente fondos y tras dilatar por dos años el juicio comenzó el pasado 15 de junio.
La siguiente fecha para seguir con la diligencia está marcada para el próximo viernes 10 de julio a las 10:00.