El 27 de setiembre se dio a conocer que 129 navieros, entre ellos, capitanes de la Marina Mercante, promovieron una acción de amparo constitucional de pronto despacho contra el IPS por supuesta “falta de respuesta” ante las solicitudes presentadas por los asegurados respecto al reconocimiento de los efectos de la sentencia de la Corte Suprema, la inaplicabilidad de los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 98/92 y el pago de las diferencias y retroactivos que correspondan.
En dicha sentencia emitida en el 2023, la Corte Suprema de Justicia argumentó que los marinos debían percibir su jubilación de acuerdo a los montos que habían aportado al IPS, a pesar de pasar el tope de pago permitido porque la previsional había descontado sumas mayoresa las que le estaba permitido durante toda su vida laboral activa.
Hoy se dio a conocer que el Juzgado Penal de Garantías número 8, a cargo de José Agustín Delmás, rechazó el amparo promovido por los navieros.
En el argumento, el juez sostuvo que no se dieron los requisitos en los autos presentados, lo que motivó su rechazo. Aclaró además, que la parte autora especificó en su solicitur que su pretensión no tenía por objeto que el juzgado determine los montos correspondientes a los reajustes jubilatorios ni ordene directamente su pago, sino se limitó a obtener un pronunciamiento expreso de la autoridad administrativa sobre las solicitudes pendientes.
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Antecedentes del caso
El conflicto tiene como trasfondo el reclamo de los capitanes navieros que exigen el pago íntegro de sus jubilaciones, amparados en una acción de inconstitucionalidad favorable dictada en noviembre de 2024, que dejó sin efecto el tope aplicado por el IPS.
En el 2017 un grupo de alrededor de 100 capitanes presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley que establece un tope a las jubilaciones y desde ese año hay situaciones con este caso.
Durante el proceso, en el 2023, la Justicia salió a favor de los navieros privados ante la inconstitucionalidad que plantearon al tope de las jubilaciones del IPS para así acceder a una jubilación por encima de los 10 salarios mínimos.
Tras el visto bueno desde el Poder Judicial hace tres años, la gerente de prestaciones económicas del IPS, Vanessa Cubas, había detallado que estas jubilaciones causarían un impacto a los fondos “por encima de los 100 millones de dólares”, ya que se trata -nuevamente según lo declarado por ella en agosto del 2023- de “129 personas que pretenden jubilarse con unas cifras millonarias”.