El juzgado penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del segundo turno, a cargo de las tres causas derivadas del escándalo del caso Ueno Bank, recibió este lunes tres escritos de renuncia.
Los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres Frutos y Alcides Cáceres renunciaron en forma conjunta a la defensa de Federico Miguel Vázquez, exCEO y exvicepresidente primero de la entidad.
El mismo, actualmente con prisión preventiva, tiene dos procesos, uno por supuesta estafa y otro por supuesta comisión de los delitos de conducta indebida en situaciones de crisis. lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio.
Además de Vázquez, otros directores de Ueno Bank también quedaron sin defensa
Por otro lado, el abogado José Fernández Zacur tomó idéntica medida con relación a los exdirectores titulares de Ueno Alejandro Gómez Abente y Diego Fernando Duarte Schussmuller.
El profesional indicó que sigue a cargo de la defensa del presidente de la entidad intervenida, Juan Manuel Gustale Cardoni que al igual que los demás, está procesado por presunta conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio.
Todos estos procesados están recluidos en el Centro Nacional de Prevenidos, ex-Tacumbú, donde cumplen prisión preventiva por disposición del juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia.
Abogado del expresidente del BCP también presentó renuncia
El otro procesado que se quedó sin abogado ayer fue el expresidente del Banco Central del Paraguay, (BCP) Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, quien en ocasión de la audiencia indagatoria y audiencia de imposición de medidas, fue acompañado por los abogados Rodrigo Galeano y Jorge Ojeda.
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El abogado Rodrigo Galeano confirmó su decisión de retirarse de la defensa y ahora, resta saber si Ojeda seguirá o acompañará a su colega en su decisión.
Carvallo está procesado por la supuesta comisión de los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso, junto con el destituido presidente de la República Santiago Peña Palacios, quien a su vez está procesado por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en derecho propio.
Exposición negativa y conflictos de intereses pesan en la balanza
Aunque los profesionales manejan con sumo hermetismo las razones de su decisión, es propable que la exposición negativa pudo haber pesado para la adopción de esta medida.
De hecho es vox populi que en los últimos días hubo una suerte de “peregrinación” de varias personas involucradas por distintos estudios jurídicos en busca de defensores, sin que los profesionales consultados aceptaran la labor.
Algunos tienen conflicto de intereses, por ser afectados o tener familiares con plata retenida en la entidad bancaria intervenida, y también porque están considerando representar querella por afectados. También hay abogados que rechazaron directamente el caso, por decisión personal, por considerar que es un caso “perdido” en atención a la gran cantidad de pruebas existentes.