En términos generales, las utilidades obtenidas por los contribuyentes del IRE pueden canalizarse hacia tres destinos principales: la distribución entre los propietarios, la reinversión o capitalización dentro de la empresa y la constitución de reservas facultativas. Cada una de estas opciones responde a diferentes objetivos empresariales y conlleva consecuencias específicas que deben ser cuidadosamente evaluadas.
Uno de los destinos más comunes es la distribución de utilidades entre los dueños, socios o accionistas. En el caso de empresas unipersonales, esta distribución se realiza al titular del negocio, mientras que en sociedades se dirige a quienes participan del capital social. Este proceso no es meramente financiero, sino que activa una obligación tributaria concreta: el pago del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU).
Este tributo fue incorporado al sistema fiscal paraguayo mediante la Ley N° 6380/2019, que introdujo una serie de cambios orientados a modernizar y simplificar la estructura tributaria nacional. En el caso del IDU, se establecieron dos tasas diferenciadas según la residencia del beneficiario: un 8% para residentes en el país y un 15% para no residentes. Esta diferenciación responde a criterios de política fiscal que buscan equilibrar la tributación entre actores locales e internacionales, así como evitar la erosión de la base imponible.
En muchos casos, especialmente en organizaciones en etapa de crecimiento o expansión, se opta por la reinversión de las ganancias. Esta alternativa implica destinar las utilidades a fortalecer la estructura financiera de la empresa, mejorar su capacidad operativa o financiar nuevos proyectos.
En el caso de las sociedades, la capitalización de utilidades suele materializarse mediante la emisión de nuevas acciones, lo que incrementa el capital social. Este proceso, si bien puede resultar beneficioso desde el punto de vista estratégico, no está exento de complejidades. Requiere el cumplimiento de procedimientos legales, la modificación de estatutos en algunos casos y la asunción de costos administrativos asociados a su formalización y registro. Aun así, muchas empresas consideran esta opción como una herramienta clave para consolidar su crecimiento y mejorar su posicionamiento en el mercado.
Una tercera alternativa, cada vez más valorada en contextos de incertidumbre económica, es la constitución de reservas facultativas. Estas reservas consisten en la retención de utilidades dentro de la empresa sin un destino inmediato de distribución o capitalización, funcionando como un mecanismo de previsión ante posibles contingencias.
La importancia de estas reservas quedó en evidencia durante la crisis provocada por la pandemia del covid-19, un evento que puede ser considerado un hito global en términos económicos y sociales. Muchas empresas que no contaban con un respaldo financiero suficiente se vieron obligadas a reducir o cesar sus operaciones, suspender contratos laborales e incluso cerrar definitivamente. En contraste, aquellas que habían acumulado reservas lograron afrontar con mayor resiliencia los efectos adversos del contexto.
Además, en algunos casos, los socios o accionistas prefieren mantener las utilidades como reservas hasta definir su destino final en un momento más oportuno, ya sea para su posterior distribución o capitalización. Esta flexibilidad convierte a las reservas facultativas en una herramienta estratégica dentro de la gestión financiera empresarial.
En este escenario, el rol de la Administración Tributaria cobra especial relevancia. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ha manifestado un creciente interés en conocer con mayor detalle el destino de las utilidades generadas por los contribuyentes del IRE.
Como parte de este enfoque, la DNIT emitió la Resolución N° 49/2026, mediante la cual se establecen disposiciones específicas para la exposición de información relacionada con utilidades, reservas y resultados distribuibles en las notas a los estados financieros. Esta medida busca estandarizar la presentación de la información y facilitar su análisis por parte de la administración tributaria.
La resolución será aplicable a los estados financieros cerrados a partir del 31 de diciembre de 2025 y a los ejercicios subsiguientes, lo que implica que las empresas deberán adecuar sus procesos contables y de reporte para cumplir con estas nuevas exigencias. En la práctica, esto supone un mayor nivel de detalle en la información presentada, así como una mayor responsabilidad en la correcta clasificación y revelación de los resultados.
Este interés se enmarca en una tendencia global hacia una mayor transparencia y control de la información financiera. Sin embargo, la implementación de estas disposiciones no ha estado exenta de controversias. Diversos actores del sector empresarial, profesionales contables y especialistas en materia tributaria han manifestado su preocupación respecto al alcance de la medida. Desde esta perspectiva, se argumenta que las utilidades forman parte del patrimonio de los propietarios de la empresa, quienes deberían tener plena autonomía para decidir su destino sin interferencias externas.
Este debate pone de relieve una tensión inherente entre dos principios fundamentales: por un lado, la libertad empresarial y el derecho de los propietarios a disponer de sus recursos; y por otro, la necesidad de garantizar transparencia, trazabilidad y control en un sistema tributario que busca ser más eficiente y equitativo.
En definitiva, el destino de las utilidades empresariales en Paraguay no es solo una cuestión contable, sino un elemento central en la gestión estratégica de las empresas y en la relación entre el sector privado y el Estado. A medida que el marco normativo evoluciona y se intensifican los mecanismos de control, las empresas se ven desafiadas a adoptar prácticas más transparentes y alineadas con las exigencias regulatorias, sin perder de vista sus objetivos de crecimiento y sostenibilidad.
*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones