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El desagrado de Pinocho Peña contra la prensa independiente viene desde hace mucho tiempo. En realidad, a él le gustaría que existan medios que solamente digan que es el mejor, el más churro y el más inteligente.
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Pero, en democracia, los medios de comunicación están justamente para denunciar los abusos del poder y la corrupción, no para caerles bien a los poderosos de turno.
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Es inconcebible que un gobierno contrate y pague a personas y empresas para que ataquen a los medios y periodistas que lo critican. Mucho peor es que lo hagan con dinero público.
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Santítere y su equipo deberían darse cuenta de que las críticas no provienen de un solo grupo mediático que no los quiere, como pretenden hacer creer.
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En realidad, las denuncias y las quejas provienen de todos lados, incluyendo la Iglesia que, a través del obispo de Caacupé, ayer nomás les pidió a los gobernantes tener integridad y manejarse con la verdad.
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En vez de enojarse y pretender minimizar y desprestigiar a quienes denuncian, deberían ver si hay pruebas. Así se darían cuenta de que no son simples plagueos.
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Durante años protegieron a personajetes como Hernán Rivas y Erico Galeano, al mismo tiempo de expulsar a Kattya González, solamente porque sus críticas les molestaban.
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El simple hecho de que haya tantos corruptos en su equipo debería hacerles reflexionar y hacer algo de autocrítica.
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La abogada Cecilia Pérez hace en la edición de hoy de nuestro medio un excelente análisis sobre lo que el cartismo entiende por “lealtad” en sus filas, que se parece mucho a la “omertà” de la Cosa Nostra italiana.
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Algunos dirigentes del oficialismo, como el ministro Baruja y el diputado Latorre, ya están enfrascados en una disputa para formar parte de la dupla para el 2028.
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No se dan cuenta, parece, que antes deberían hacer una depuración en sus filas. La ciudadanía no es tonta y sabe ya cuando le dicen “vamos a estar mejor” y plantean el “cambio”, pero en realidad ofrecen más de lo mismo.
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El mensaje que dan a la gente manteniendo en su equipo a personajes violentos y prepotentes, como el tristemente célebre diputado Esteban Samanieguete, es que van a seguir atropellando y abusando del poder sin miramientos.
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Lo mismo corre para los intendentes denunciados, a quienes en la Cámara Baja se les va a “perdonar” y proteger de las denuncias de las juntas municipales.
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La excusa de que ya no hay tiempo para la intervención es un canto a la impunidad.