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El jueves último se publicó la decisión de la ombudsman de Europa, Emily O’Reilly, sobre la falla de la Comisión Europea para finalizar la actualización del «Análisis de impacto de sostenibilidad» antes de concluir las negociaciones del tratado EU-Mercosur y lo tachó de «mala administración». El caso llegó a sus manos para el estudio de la mano de ClientEarth, Fern, Veblen Institute, La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, and International Federation for Human Rights; cinco organizaciones dedicadas a la defensa del Ambiente y de los Derechos Humanos.
El acuerdo de comercio ya había sido rechazado por falta de garantías de sostenibilidad en el parlamento europeo que así lo vio en noviembre de 2020, sumando la posición europea en sus políticas de inocuidad de alimentos, estas situaciones más alguna otra, causaron malestar en la Camara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO); y la asesora de comercio exterior de la entidad manifestó su preocupación, al momento que establecía lo sostenible de la producción a la manera paraguaya con agro-químicos importados.
En el mes de febrero último, el ministro de comercio exterior francés se opuso tajantemente a la firma del acuerdo, diciendo que esperaba garantías del bloque de Sudamerica en cuestiones ambientales y en estándares de salud. En toda Europa se conocen los conflictos con el modelo productivo de la soja y la carne, compartidos entre el Paraguay, la Argentina y el Brasil, por ser un sistema productivo que ofrece poca fiabilidad debido a los ratios de deforestación existentes y las constantes denuncias de violación de derechos humanos.
Las expresiones sobre la decisión de la ombudsman, por parte de la activista de “Fern Trade and Forest”, Perrine Fournier, manifiestan el conocimiento preciso de lo ocurre: «Esta mala administración es un incumplimiento del deber moral así como también del legal. Múltiples evaluaciones de impacto de los Estados miembros y la sociedad civil han demostrado que el acuerdo solo aumentará el enorme consumo de carne de vacuno, soja, etanol y otros productos agrícolas de los europeos, intensificando la presión sobre los bosques que bordean las tierras de las comunidades indígenas».
Debemos entender lo siguiente: Esta decisión de la señora O’ Reilly no dispuso una recomendación a la Comisión, el fallo articula una falta legal al incumplir con el manual de evaluación de impacto sobre sostenibilidad de la Unión Europea y no hace mención a los derechos sociales, ambientales y de los Derechos Humanos, sino al incumplimiento de forma para que estos derechos sean tenidos en cuenta.
Entonces: ¿Cuál sería la importancia para el contexto nacional paraguayo de este fallo? ¿Y en el Mercosur? Se daría por estas siguientes cuestiones:
- El activismo Legal. Estas cinco (5) organizaciones iniciaron el seguimiento del avance del acuerdo comercial y se dirigieron a la Comisión y con posterioridad a la Ombudsman y obtuvieron un resultado positivo y en favor de derechos ambientales, sociales y Derechos Humanos en el Mercosur. Este tipo de activismo se halla muy avanzado en Europa y América del Norte, pero en países como Paraguay aún cuesta inclusive entender el activismo. Un momento idóneo sería este para que la sociedad civil organizada en Paraguay tienda a re-orientarse en tal sentido: viabilizar el derecho y las instituciones en la lucha en favor del ambiente.
- La imagen país. En líneas generales Paraguay no cuenta con ninguna posición de importancia regional y mucho menos global, más dentro del bloque comercial se lo reconoce. Podría posicionarse mucho mejor en caso de dejar de aparecer como el país con mayores niveles de deforestación y corrupción, o solo ser noticia por casos puntuales siempre negativos. Los Gobiernos de todo tiempo (los tres poderes del estado incluidos) solo hacen que nos avergoncemos de sus acciones.
- Modelo productivo. El desarrollo sostenible se halla integrado por tres círculos enlazados de desarrollo equilibrado donde el círculo social, el círculo económico y el círculo ambiental deben estar equiparados en fuerza y presencia. Pero ante denuncias de contaminación, ante robos de tierras, ante expulsión de campesinos y solo unos cuantos enriqueciéndose es evidente que este tipo de desarrollo no se circunscribe al paradigma de desarrollo sostenible.
Por tanto, sería bueno que los gremios productivos no traten de aparentar (o engañar) a la comunidad internacional porque «donde el río suena es porque piedra lleva». Y la sociedad organizada europea comprende exactamente lo que ocurre en un país de renta media tan desigual como el Paraguay. No deberían prestarse a hacer manifestaciones tan temerarias como lo hizo la encargada de comercio exterior de la CAPECO con sus declaraciones.
- Bienes jurídicos globales. Esta concepción se halla muy arraigada en la población denominada millenial y cada día serán actores más fuertes, por lo tanto a la hora de tomar decisiones sobre cuestiones que afecten esta constelación de bienes en la que se encuentran el Medio Ambiente como continente. Todas las políticas o tratados que no sean coherentes al momento de su estudio tendrán oposición, sino en un estado de poca credibilidad, tal vez en otro más sólido; La Justicia Universal en materia de defensa ambiental está muy cerca de iniciar carrera.
Finalmente, es importante señalar que tanto los gremios productivos, el Gobierno Nacional y el tercer sector deben tener presente cómo de manera indirecta se pueden ver beneficiados o perjudicados en sus intereses con este tipo de fallos. Ahora bien, lo que sí es urgente, es que el Paraguay y todo el bloque Mercosur cambien su paradigma productivo y procuren ser más amigables e iniciar un respeto real por los derechos sociales, ambientales y los Derechos Humanos: en resumen, iniciar la Defensa Ambiental en el Mercosur y del estado social de derecho.
¡Es tiempo de rectificar!