Un año proselitista complica todavía más las posibilidades de tener una gestión de gobierno que priorice el interés general sobre las necesidades políticas particulares, cuando la lógica predominante es utilizar la estructura del Estado para premiar lealtades y negociar apoyos con el dinero público.
El reciente nombramiento de un nuevo presidente para el Instituto del Indígena (INDI) es uno de los últimos ejemplos.
Los pueblos originarios han quedado siempre marginados en el momento de elaborar alguna política pública que vaya más allá de comprar algunas tierras y entregar víveres o dinero con carácter prebendario para garantizar la lealtad de algunos líderes de comunidades.
A diferencia de países de la región como Bolivia o Ecuador, Paraguay tiene una población indígena proporcionalmente muy pequeña en comparación al resto del país, pero nada parece inmutar a los sucesivos gobiernos para establecer un plan de trabajo que permita ayudar a vivir con dignidad en sus comunidades a quienes quieran permanecer en ellas, y a intentar insertarse al resto de la sociedad, con herramientas que les permitan ganarse la vida decentemente, en caso de que quieran hacerlo.
A modo de premio por su lealtad política, el presidente designó ahora a un dirigente colorado y exconcejal capitalino, quien admitió no saber absolutamente nada de la problemática de los pueblos originarios.
La solución a largo plazo es la educación, y a corto plazo es otorgarles un lugar para vivir, nos decía hace unos años el antropólogo José Zanardini en la 730 AM, recordando que la mitad de los indígenas de la región Oriental no tienen tierras propias y generalmente son expulsados del campo a la ciudad.
No es que uno sea pesimista, pero nada nos lleva a pensar entonces que en un corto plazo dejaremos de verlos sobreviviendo en las calles y deambulando en los semáforos para juntar algunas monedas.
Y si de agendas se trata, otra amenaza de estos días nos llevó a la lógica gubernamental de seguir apagando incendios con un tema altamente sensible: el transporte público. Ante la nueva suba en el gasoil toda la discusión giró en torno al precio del pasaje. Hasta aquí la única política ejecutada ha sido la de implementar subsidios en el área metropolitana para maquillar el precio real del servicio y evitar una explosión de protestas.
No se discuten otras opciones. El cachivache llamado Metrobús fue dinamitado por esta administración, que sin embargo tampoco lo reemplazó por algún proyecto mejor.
La idea del tren de cercanías se asemeja a una de esas leyendas mitológicas que nos contaban nuestros ancestros, pero que a diferencia de estas representan unos buenos guaraníes de presupuesto público anual en salarios y consultorías.
La solución parche surgió hace tiempo en las calles a cargo de los propios ciudadanos, ante la falta de un transporte público seguro, previsible y de precio razonable, aparecieron las motos.
El transporte incide en todo, tiempo, dinero, seguridad, humor social, todo está afectado por este servicio que es imprescindible, pero para el que no hay lugar en la agenda.
Una agenda en la que tampoco aparece una política ambiental.
La designación de un amigo político, sin preparación en el área, con el solo fin de lograr la adhesión de su sector, es la mejor definición de lo que representa un ministerio que en un Estado en serio sería uno de los más importantes.
Un tema que ocupa un espacio casi marginal en la agenda, salvo cuando aparecen los incontrolables incendios urbanos y forestales, o alguna decisión que precisamente va en contra del medio ambiente, como la autorización para rellenar humedales del lago Ypacaraí, en beneficio de una empresa privada.