Se encuentra en proceso la licitación pública para la concesión del juego de apuestas deportivas, es oportuno recordar los hechos relevantes en el rubro de juegos de azar en los casi cinco años del Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez. No se puede rescatar ni un solo avance en el rubro. Al contrario.
Todo este tiempo, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) fue salpicada por sucesivas sospechas de corrupción. Primero con la adjudicación de la quiniela, luego con la “regulación” de tragamonedas en sitios prohibidos por ley y después, la reducción ilegal del canon a concesionarias, situaciones reveladas a lo largo de los meses y que derivaron en la interpelación del entonces titular de la comisión, José Antonio Ortiz, ante el Senado, en 2021.
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Esos tres casos fueron investigados por la Fiscalía, que no tiene dudas de los hechos punibles y pidió juicio oral para los responsables.
Yogonet -portal de noticias especializada de juegos de azar y de referencia en la región- y otros medios internacionales hacen eco de las publicaciones periodísticas locales vinculadas al rubro y que desnudan estructuras que sistemáticamente violan las leyes vigentes, normas alineadas con las que rigen en países de la región. Esto se puede comprobar al ver los resultados en motores búsqueda de Internet con la palabra clave “Conajzar”.
El caso que resultó bastante llamativo para el extranjero fue la autorización del uso de tragamonedas en despensas, quioscos, hamburgueserías, peluquerías y otros comercios no exclusivos de juegos de azar y de libre acceso, exponiendo a la adicción a las apuestas (ludopatía) a niños y adolescentes, dijo a ABC el experto uruguayo Luis Gama. Recalcó que Paraguay era el único país que llevaba adelante ese plan.
Sin embargo, el Congreso le puso obligó a anular el contrato de tragamonedas, con una nueva ley que ratificaba la normativa ya existente al respecto.
No sólo las gestiones regulatorias de Conajzar fueron noticia internacional en los últimos meses. También lo fue cuando impidió el paso de la prensa a su oficina -se negó a abrir de la puerta-, para no brindar informes solicitados a través del portal de Acceso a la Información Pública (AIP), amparado por la Ley N° 5.282 de Transparencia Gubernamental en concordancia con el artículo 28 de la Constitución Nacional, del derecho a informarse.
Es decir, Conajzar violó la máxima normativa del país. Como si fuera poco, tuvo el tupé de “recomendar” que se recurra a la justicia para facilitar documentos públicos. Insólito.
Todas estas situaciones se denunciaron en las páginas de ABC; mientras que en países de la región, como Argentina, Uruguay y Perú, se discutían proyectos de ley que apuntaban a regular las apuestas online. Es decir, el debate ya no son los juegos físicos, es una cuestión que ni se revisa.
La preocupación de las autoridades de la región en materia de juegos de azar está en cómo controlar las apuestas en línea y que el Estado recaude, limitando la cantidad de empresas explotadoras en el mercado y, a la vez, proteger a los jugadores.
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Hoy, en Paraguay, tenemos al Congreso que sigue exigiendo la reglamentación de la ley de tragamonedas, promulgado hace seis meses. Los legisladores ni hablan de la regulación de apuestas vía Internet. Por cierto, referente a nuestras reglas en esa modalidad, en la web de Conajzar se encuentra que dio autorizaciones sin que se aprecie algún rigor técnico, tampoco informa quiénes son los empresarios que están detrás de ese lucro.
Esta es la Conajzar que hoy tiene a su cargo adjudicar la explotación de apuestas deportivas, concesión con carácter exclusivo durante cinco años, un ne gocio de US$ 500 millones en ese plazo. ¿Será otro golpe? Hagan sus apuestas.