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Sabía muy bien que la educación es pieza fundamental para construir la democracia.
En consecuencia, el principal objetivo de la Reforma Educativa de los años 90 al 98 fue planificar la educación nacional para consolidar la democracia recién nacida. Y esa planificación y responsabilidad quedaron sólidamente reflejadas en la Ley General de Educación, promulgada en mayo de 1998, broche de oro final de la llamada Reforma Educativa, cuyo Consejo Asesor, por mandato de la misma ley dejó de existir, transformándose en el Consejo Nacional de Educación y Cultura.
Esta Ley General recogió obviamente el espíritu, los mandatos y la vocación democrática de la Constitución Nacional de 1992.
Lamentablemente mi investigación personal independiente me lleva a esta conclusión: el proyecto democrático, soñado desde la “Noche de la Candelaria”, en el ámbito de la educación ha quedado estancado y frustrado, porque desde mayo de 1998, los sucesivos Gobiernos que han ocupando el poder, incluido el presente, vienen violando precisamente los artículos más democráticos de la Ley General de Educación y su correspondiente en la Constitución Nacional.
En el espacio de este artículo, no puedo presentar el análisis de toda mi investigación, pero recojo algunos ejemplos expresivos del estado de violación del orden jurídico y del Estado social de derecho, propios de nuestra democracia prescritos en la ley y en la Constitución Nacional.
Todos los Gobiernos, desde mayo del 98 al presente han violado los artículos 7, 11 (inciso i), 12, 16, 19, 20 y 22 de la Ley General de Educación, y el 76 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado a dar participación a las Comunidades Educativas de todas las instituciones educativas.
No solo no les han dado “participación en la organización del sistema educativo”, es que ni siquiera han querido crear dichas comunidades educativas. Y, como es sabido, las comunidades educativas son la institución más democrática y democratizadora entre las estructuras del sistema educativo, porque promueven la participación y el ejercicio de la representación de los principales actores del sistema educativo, incluyendo a los estudiantes desde niños, en busca del bien común de la educación.
En el mismo concepto de la “función del Estado en la educación”, estamos más ceca del totalitarismo, propio de las dictaduras, que de la democracia.
Analizando el artículo 75 de la Constitución comprendemos fácilmente el abuso de poder que las autoridades responsables de la educación ejercen, adjudicando al Estado un rol, propio de las dictaduras, que no le corresponde al Estado en democracia.
El artículo 75 dice: “La educación es responsabilidad de la sociedad, y en particular recae en la familia, el municipio y el Estado”.
¿Por qué se cita al Estado en último lugar? Porque es el lugar que le corresponde. En democracia, el poder y la responsabilidad es del “demos”, del pueblo (la sociedad), que es soberano (art. 2 CN), y concretando, en primer lugar “recae en la familia”.
Es lógico, porque la familia es “el fundamento de la sociedad”, los padres son los educadores naturales, que, como dice el artículo 71 de la ley Código de la Niñez y Adolescencia, tienen el derecho y el deber de “dirigir el proceso de educación de los hijos”.
Seguidamente, el artículo 75 cita al municipio y finalmente, al Estado. De la educación municipal, prácticamente inexistente no es el momento de hablar.
¿Cuál es el papel del Estado? El artículo 75 dice claramente: “la responsabilidad de la educación es de la sociedad”, por tanto la responsabilidad del Estado y quienes lo conducen es “subsidiaria”, es decir, el Estado está para y al servicio de la sociedad, de ninguna manera tiene derecho para apropiarse las responsabilidades de la sociedad. En educación el Estado está al servició de la educación que quiere la sociedad, no para imponerle la que arbitrariamente los gobernantes del Estado y la nación quieran imponer, por sus intereses y compromisos. ¿Ejemplo? La sociedad no quiere el PNTE.
Un gobierno que viola Constitución y leyes, no es democrático, escandaliza y no educa.