El jueves pasado conversamos con el representante del consorcio Parxin, el exviceministro de Transporte Pedro Britos, quien entre otras cosas argumentó que la empresa Geolatina, interesada en vender sus acciones, solo tenía el 40 por ciento del negocio, y que el control del consorcio estaba en manos de su socia argentina con amplia experiencia en este tipo específico de negocios.
Al mencionarle durante la entrevista en la 730AM que accedimos al documento por el que la empresa en realidad tenía el 60 por ciento de las acciones del consorcio, y, por ende, el control del negocio, nos dijo que no estaba al tanto y que la versión que tenía era la del 40 por ciento. Al día siguiente este diario publicó el documento por el que la misma empresa comunica a su potencial compradora que ya en el 2016, seis años atrás, se había quedado con el 60 por ciento de las acciones.
En síntesis, un raya más para este sospechoso tigre que aparece como herencia de dos administraciones municipales anteriores.
Ante estos nuevos hechos el intendente anunció la suspensión de la implementación del servicio hasta tanto concluya una investigación interna en torno al consorcio Parxin, a cargo de la dirección de Contraloría Interna, que deberá intervenir el contrato de concesión y su respectiva adenda, así como todos los actos administrativos antecedentes y consecuentes del mismo. Y El informe debe ser emitido como máximo en el plazo de 10 días.
Óscar Rodríguez asegura que mientras no se termine la investigación de lo que ocurrió, no pondrá en práctica el estacionamiento tarifado, y que si lo amerita, lo rescindirá, exponiendo en todo momento que el municipio debería abonar en ese caso 5 millones de dólares más intereses, sin tener en cuenta que estos hechos nuevos quizás configuren un motivo para una rescisión justificada y menos onerosa para el municipio.
El anuncio del intendente coincidió con el pedido de información que recibió de la Contraloría General de la República, cuyo departamento de Contrataciones debe iniciar un análisis de toda la documentación sobre estas denuncias de irregularidades en un proceso que lleva más de seis años y que nunca pudo despejar las nubes de sospecha para la concesión de este servicio público que se constituye en un jugoso y apetecible negocio.
La sospechosa herencia que recibe la Municipalidad de Asunción fue preparada bajo la administración de Arnaldo Samaniego y concedida llamativamente a todo trapo por su reemplazante interino Omar Pico, a cinco días nada más de que asuman el nuevo intendente y los concejales electos.
Sólo ese detalle ya tenía que haber hecho saltar todas las alarmas ¿Cómo un concejal que asumió por muy pocas semanas la administración municipal, contrae un compromiso de concesión para el municipio por varios períodos de gestión?
Esto además de que una de las empresas competidoras denunció ante la Contraloría que Pico “de manera inesperada, sorpresiva y encubierta” violó procesos formales y administrativos, porque aunque Parxin presentó balances sin movimientos de los tres últimos años, igualmente le adjudicaron todos los puntos de la licitación.
La irresponsabilidad fue compartida por la siguiente administración, ya que en lugar de parar la concesión el nuevo intendente Mario Ferreiro la promulgó, con cuestionamientos porque su entonces jefe de gabinete Max Rejalaga había asesorado a la empresa adjudicada.
Las críticas surgidas llevaron en el 2017 a que la Contraloría recomendara la rescisión del contrato y a que el Defensor del Pueblo amenazara con un recurso de amparo si el entonces intendente Ferreiro no rescindía el contrato, algo que finalmente hizo.
Como resultado, la empresa demandó al municipio, y ahora la municipalidad debe entregarle la concesión del cobro y control del estacionamiento tarifado en Asunción o indemnizarla por 5 millones de dólares.
Ya hace un tiempo decíamos sobre esta sospechosa concesión que debería buscarse la forma de que los administradores de la cosa pública respondan con sus bienes personales por tomar decisiones que comprometen al patrimonio público y perjudican al ciudadano, con acciones que emanan el inconfundible y hediondo tufo de la sospecha.