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La abuela de estas dos niñas pidió ayuda al ministerio de la Defensa Pública y al Juzgado de la Niñez y ni por uno ni por otro lado encontró eco. ¿Qué les puede interesar la denuncia de una septuagenaria sin más recursos que la resignación? El marco legal de protección a niñas, niños y adolescentes cubre todas las aristas posibles para garantizar los derechos de los infantes. Pero esas leyes son solo “para la exportación…” La verdad es que no existe la voluntad política, social ni monetaria de resguardar ni garantizar el pleno goce de su desarrollo.
En el ránking de la indolencia, el Ministerio de la Defensa Pública se posiciona en el primer lugar luego de que hayan mostrado evidencias reales y palpables de su falta de acción, sensibilidad y empatía con la abuela de las dos niñas que fueron presuntamente abusadas por el cantante Pablo Benegas.
La abuela de las niñas dijo haber recurrido en varias ocasiones para pedir ayuda tanto a esa cartera, así como al juzgado de la niñez. Pero ambas instituciones le “chulearon” con la política del “estamos viendo”, primero, y con el “vamos a ver”, después. Si este caso se hubiese atendido en tiempo y en forma y las autoridades hubiesen hecho su trabajo, probablemente se hubiese evitado el abuso de ambas niñas.
En este contexto, preocupa aun más la manera en que se abordarían los otros 2.600 casos que ingresaron al Ministerio Público de enero a septiembre de este año. Pero volviendo a lo de las normativas, las mismas ofrecen garantías; lo que no existe es la estructura que obre en consecuencia ya que no existen los profesionales que puedan cubrir eso porque dichas instancias se escudan, justificadamente o no, en la falta de presupuesto para cumplir a cabalidad con el trabajo. Nos interpela además como sociedad que se ha convertido en una especie de abusadora serial de sus pequeños.
El caso también nos interpela como gremio periodístico porque ante el desconocimiento y la ignorancia de cómo abordar este tipo de temas tan delicados, algunos sectores se han olvidado de tratarlo con el compromiso ético de la no revictimización. Ser éticos no es una obligación ni se impone por decreto; pero actuar éticamente habla de la calidad periodística. Recordemos de paso que la libertad de expresión no es la libertad del insulto ni es una licencia para denostar contra quienes piensan y obran diferente.