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La noticia fue informada por la Policía. La madre contó que recibió un golpe en la cabeza, la patada de un burro en una estancia en Yataity, en donde vivían con su padrastro, capataz del lugar.
La historia de la mamá tenía contradicciones y esto ya hizo sospechar a la Policía. Pero coincidía en parte con el informe forense preliminar de la Fiscalía, que indicaba como causa probable de muerte un traumatismo craneal.
En tanto que el padrastro, con orden de captura de un Juzgado de Paraguarí por un delito menor, se escondió tras la muerte del niño. La familia paterna, desde un inicio, sospechó que la versión de que un burro mató al pequeño era mentira y acusaban al padrastro de infanticidio. El Ministerio Público ordenó una autopsia, cuyo informe final estará dentro de 45 días, pero los especialistas adelantaron algo: el golpe que el niño sufrió en la cabeza y rostro es de hace semanas, eso no le provocó la muerte. Ahora se investiga un homicidio y el padrastro, Sergio Sánchez (24), es buscado por la Justicia. Está prófugo y todo indica que la madre lo encubrió dándole tiempo para escapar (por el momento).
Lo lamentable es que a principios de este año el padre biológico había denunciado a la madre y padrastro por maltrato. Sin embargo, la inspección médica y el informe psicológico no encontraron indicios de violencia. El caso se desestimó.
La familia paterna insistía en que el niño era golpeado, que vieron marcas en el cuerpo. Por eso sospecharon del padrastro antes de que la Fiscalía de Villarrica empezara a investigar un homicidio.
El artículo 54 de la Constitución, sobre la protección al niño, establece que son la familia, la sociedad y el Estado los obligados a garantizar al niño su desarrollo, el respeto a sus derechos y su protección. El Estado falló, porque el niño murió y el Estado, a través de sus representantes, los fiscales del Ministerio Público, fue advertido y no pudo evitarlo.
La familia también. El padre biológico no había reconocido aún la filiación y no podía solicitar la convivencia, así como se lo recomendó el Ministerio Público. La abuela paterna estaba atada de manos.
Y nosotros, como sociedad, también fallamos. Si bien la violencia extrema hacia los niños y niñas es condenada por todos, la mal llamada “violencia correctiva” sigue siendo tolerada y hasta justificada en general en nuestra cultura. “Le falta cinto”, se suele decir. Tal vez no nos sintamos responsables. Pero como sociedad, también fallamos.