Nada de esto pasó con el fallecimiento de Antonio Fretes, exministro de la Corte Suprema de Justicia. La información que acompañó a la noticia fue un extenso prontuario policial.
Llegar a ministro de la Corte Suprema de Justicia es un honor. En teoría, se debe tener algunos títulos académicos, una vida profesional impecable, buena fama, y todas esas cosas en las que nadie cree o nadie les hace caso. Esta despreocupación por la excelencia en momento de llenar vacancia, hizo que el Poder Judicial estuviera a la cabeza de las instituciones estatales peor valoradas, siempre en reñida competencia con el Ejecutivo y el Legislativo.
Es mucho lo que se puede hacer desde la Corte Suprema. Mucho bien y mucho mal. La debilidad que tienen los ministros es la búsqueda incesante del brazo protector del poder político como acabamos de ver en la reunión clandestina con el presidente de la República y el titular de la Junta de Gobierno.
Desde las alturas del Poder Judicial es posible hacerse de fama que sea orgullo familiar; hacer que los hijos y nietos pronuncien con admiración y respeto el nombre que va unido a conductas honrosas. Esta sería la más elevada distinción de un funcionario; su más noble regalo a familiares y amigos. Un buen recuerdo es más valioso que las cuestiones materiales, sobre todo cuando se sabe que éstas se han adquirido a fuerza de corrupción.
Se cuenta del gran Filippo, rey de Macedonia, que en sus momentos de gloria iba acompañado de un esclavo para recordarle que era mortal, que todo lo que es y lo que tiene no le servirán para prolongar su tiempo en la tierra. El olvido de la brevedad de la vida hace que los poderosos cometan toda suerte de barbaridades en la creencia obstinada de ser, también, dueños del tiempo y de las personas. No les interesa cómo han da recordarle la historia. No se preocupan en dar lustre a su nombre con actos edificantes. Cegados por sus éxitos –que vienen más del dinero, la astucia, del poco o ningún escrúpulo- no escuchan ni siquiera al sentido común.
Volviendo a nuestra Corte Suprema, no siempre fue como la actual. César Báez Samaniego, en su libro “La edad de oro de la justicia paraguaya, 1949 – 1959” (Edit. Intercontinental) nos acerca a hechos y personas que parecen irreales para nuestro medio. ¡Que dignidad en la magistratura! ¡Que honradez en las decisiones! ¡Que humildad en la vida cotidiana!
Entre muchos otros, Báez Samaniego nos presenta al doctor Humberto Zarza González “una figura de los viejos tiempos cuando el carácter, las virtudes ciudadanas y la fidelidad a los principios sustentados pesaban en la balanza del prestigio y la consideración pública”. Zarza fue presidente de la Corte desde el 1 de febrero de 1954 (seis meses antes de que Stroessner ascendiera al poder) hasta junio de 1956. El país había cambiado pero la dignidad del magistrado, no. Ordenó, por ejemplo, la detención del jefe de policía de Stroessner, el Tte. Cnel. Ortega, porque no cumplió la orden de un juez. Se oponía al pedido de los militares para que determinados presos vayan a los cuarteles; que los cuatreros cumplan su condena en algunas unidades militares. Estas y otras negativas enfurecieron al dictador. Incapaz de soportar tantos desenfrenos del nuevo gobierno, Zarza renunció. Fue el inicio de una vejación insistente de Stroessner contra un ciudadano ejemplar. Sufrió reclusión en el Cuartel Central de la Policía, confinado a una lejana localidad del interior, prisión domiciliaria, se le expropió sus tierras, en fin, toda la ira de un dictador vengativo.
¿Vale la pena ser justo ante la posibilidad de recibir castigos, o hacerse el desentendido y dejar que reine la injusticia? Es una elección: Dejar un buen recuerdo, un robusto prontuario policial o un suspiro de alivio que vuela feliz por todo el país.
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