Los decretos firmados para concretar un acuerdo con la firma británica Atome -orientado a instalar la planta de fertilizantes más grande del mundo en territorio paraguayo, con un financiamiento de US$ 665 millones- quedaron en suspenso. Y la razón del retroceso no fue una crisis externa ni una decisión soberana bien fundamentada. Fue, una vez más, una falta de acuerdo interno entre las propias instituciones del Estado.
El contrato original databa de 2022 e involucraba al Ministerio de Industria y al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. La tarifa eléctrica acordada era de 30 dólares por megavatio, fija, a 15 años, sin posibilidad de reajuste. La ANDE objetó esa condición, argumentando que para absorber ese costo necesitaba algún tipo de compensación. En un primer momento se habló de fondos sociales de Itaipú como mecanismo de equilibrio. Finalmente, el gobierno decidió retroceder en la negociación. Y hoy, el megaproyecto con Atome está en veremos.
El presidente Santiago Peña ha hecho, hay que reconocerlo, un trabajo notable en su recorrido por el exterior vendiendo a Paraguay como destino de inversión. Ha abierto puertas, generado expectativas y posicionado al país en conversaciones donde antes no teníamos lugar. Pero de nada sirve vender afuera lo que adentro no podemos sostener.
Porque lo que un inversor extranjero necesita, antes que cualquier incentivo fiscal o discurso presidencial, es previsibilidad. Necesita saber que lo que se firma hoy seguirá vigente mañana. Que las reglas del juego no van a cambiar a mitad de partido. Que el Estado paraguayo habla con una sola voz y que esa voz es confiable. Eso es, en esencia, la seguridad jurídica: no un concepto técnico reservado para aquellos entendidos en Derecho, sino la condición básica que determina si una empresa decide traer su capital aquí o lo lleva a otro lugar.
Cuando una negociación de esta envergadura colapsa por desacuerdos entre ministerios y entes autónomos del mismo gobierno, el daño no se limita al proyecto en cuestión. El daño es de imagen país, y esa clase de daño es difícil de reparar. Las empresas internacionales y los bancos que financian estos proyectos toman nota. Y la próxima vez que Paraguay aparezca en una reunión de inversores con una propuesta atractiva, habrá alguien en la sala que recuerde este episodio.
No es la primera vez que señalamos este problema. La seguridad jurídica no es un lujo para países desarrollados: es el piso mínimo que cualquier Estado serio debe garantizar. Y ser serio significa, ante todo, que las instituciones se pongan de acuerdo puertas adentro antes de comprometer al país ante firmas internacionales y organismos financieros. Significa no anunciar lo que todavía no está resuelto. Significa que un decreto firmado por el Ejecutivo no puede ser desarmado semanas después por una discrepancia tarifaria que debió haberse resuelto antes de firmar.
Paraguay tiene el potencial, la energía, la ubicación y los recursos para ser un destino real de inversión de primer nivel. Pero el potencial sin institucionalidad es solo una promesa que se repite. Y las promesas que no se cumplen, en el mundo de los negocios internacionales, no se olvidan fácilmente.
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