No soy marxista, soy antimarxista, pero tengo que admitir que, en “Crítica de la filosofía del derecho de Hegel”, Carlos Marx produjo una de las más acertadas caracterizaciones de lo que hacen esos compatriotas y de por qué no son trabajadores y no deben ser considerados trabajadores:
El trabajador produce, genera valor real en la economía; el empleado público no produce valor material sino que controla, regula o asiste. Marx agregó un concepto que en nuestro país es cada día más evidente, el de que el empleado público considera al sector público como su propiedad, usándola para sus fines particulares, ascender en la jerarquía, asegurar su permanencia y reducir el control de la sociedad sobre él, “convirtiendo los problemas reales de los ciudadanos en trámites de escritorio”.
El trabajador transforma la sociedad, el empleado público expande la autoridad sobre el derecho, tendiendo a sustituir el pensamiento crítico por la obediencia. El trabajador genera riqueza, el empleado público la gasta con la excusa de administrar el orden en beneficio de su propio estatus.
Marx sintetizó y formalmente modernizó el pensamiento del liberalismo clásico en esta materia, especialmente los de Juan Bautista Say, Adam Smith y David Ricardo, quienes fueron los primeros que dejaron constancia de la diferencia entre trabajadores y empleados públicos.
Es importante esta diferencia y se la entiende todavía mejor cuando se lee este párrafo de la “Declaración de Independencia de Estados Unidos”: “que todos los hombres (…) son dotados (…) de ciertos derechos inalienables (…) que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, los cuales derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados”.
La función pública es creada por la comunidad con el único fin de servirla, no tiene ningún otro fin, y la comunidad contribuye al sostenimiento de la función pública al solo y único efecto de ser servida: Los trabajadores pagan a los empleados públicos para que estos los sirvan y la elección de ser empleado y no trabajador es libre y voluntaria y está absolutamente sujeta a la capacidad de contribución de los trabajadores. Lo que los trabajadores quieren pagar es lo único que está disponible para que los empleados cobren. Ni un guaraní más.
En nuestra República los empleados públicos pisotean esos conceptos básicos y suponen falsamente que los trabajadores debemos contribuir según las necesidades de los empleados públicos, considerando al sector público como su propiedad, usándolo para sus fines particulares, expandiendo la autoridad sobre el Derecho.
Por eso tenemos los escandalosos privilegios otorgados a los sindicatos de empleados públicos de Rossana González o los de la Municipalidad de Asunción, que los trabajadores tendremos que pagar porque tenemos políticos, especialmente colorados, que son muy generosos con el dinero de otros, el de los trabajadores.
evp@abc.com.py