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El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, conformado por los magistrados Arnulfo Arias, Bibiana Benítez Faría y Gustavo Ocampos, confirmó la condena de tres años de cárcel para Teresita Rey Saffi y Óscar David Amarilla Velázquez, dictada por el Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos, presidido por Cándida Fleitas, Yolanda Morel y Elsa García, el 17 de marzo pasado.
La decisión fue asumida tras analizar el recurso de apelación especial planteado por los abogados Hugo Vergara Mattio y Ricardo Lataza, en representación de Óscar Amarilla y Teresita Rey, respectivamente, contra la Sentencia Definitiva (SD) Nº 72 en la que se les imponía los tres años de cárcel por el hecho de tráfico de influencias.
Los condenados habían sido detenidos el 19 de noviembre de 2019 durante un allanamiento realizado en la Unidad Fiscal de la ciudad de San Antonio, donde Óscar Amarilla se desempeñaba como secretario y Teresita Rey Saffi como asistente de la fiscala Laura Ávalos, de esa ciudad.
La acusación contra los funcionarios del Ministerio Público estuvo a cargo del fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), quien en juicio pidió una condena de cinco años de cárcel para ellos.
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Defensa cuestionó medios de prueba en juicio
Los abogados de las defensas señalaron la inobservancia y la errónea aplicación de los preceptos constitucionales, así como la valoración probatoria, alegando que el Tribunal de Sentencia había admitido pruebas en violación a preceptos constitucionales que garantizan los derechos procesales durante la realización del juicio oral y público. Igualmente, cuestionan el actuar del fiscal Silvio Corbeta.
Sin embargo, al tiempo de analizar y emanar una resolución el Tribunal de Apelación, teniendo como preopinante a la camarista Bibiana Benítez, cuya opinión fue acompañada por su colega Gustavo Ocampos, señaló que “ninguno de los agravios expuestos por los recurrentes tiene entidad suficiente para que este Tribunal de Apelación proceda a anular la condena recaída en autos debiéndose en atención a lo precedentemente expuesto confirmar la SD Nº 72″.
Por su parte, el doctor Arnulfo Arias, si bien acompañó la decisión de la magistrada, añadió que “no se advierte en el decisorio algún vicio procesal u otro motivo que justifique su nulidad, habiendo el A-quo cumplido con todos los requerimientos legales para dictar la sentencia condenatoria”.
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Funcionarios fiscales pidieron G. 8 millones, según denuncia
El fiscal Corbeta, quien estuvo a cargo del operativo, explicó que la versión que recibieron es que en principio los funcionarios de la Fiscalía de la ciudad de San Antonio exigieron la entrega de G. 8.000.000 para conseguir un criterio de oportunidad en el marco de la causa caratulada como “Eulogio Cardozo Dávalos sobre violencia familiar”.
Sin embargo, el procesado negoció con los funcionarios del Ministerio Público, que al final acordaron reducir sus pretensiones a la suma de G. 5.000.000 en efectivo, siempre de acuerdo con la denuncia que motivó la intervención fiscal.
Luego de esto, el imputado denunció el apriete efectuado por los asistentes de la fiscala Laura Ávalos, por lo que el agente Corbeta solicitó al juzgado especializado en delitos económicos de Agustín Delmás la intervención de la sede fiscal.
De esta forma se planificó una entrega vigilada con la fotocopia y autenticación de los billetes de G. 50.000 a ser entregados como coima para los funcionarios, que fue posteriormente recuperado del poder de Amarilla.
En su declaración ante el Tribunal, el denunciante Eulogio Cardozo relató el tremendo perjuicio que sufrió como consecuencia del “apriete”, pues trabajaba en una agencia de viajes y como no podía viajar a raíz del proceso penal, afrontó muchas dificultades económicas.