16 de mayo de 2026

El juez Rodrigo Estigarribia otorgó la libertad ambulatoria a Pánfilo Saldívar, funcionario del Instituto Nacional del Cáncer (Incan). El mismo está procesado por presunto tráfico de influencias, por exigir sumas de dinero a pacientes a cambio de agilizar turnos médicos y cirugías.

LIMA. El fiscal general de Perú interrogó al presidente interino, José Jerí, en el marco de una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias tras una cita encubierta con un empresario chino que tuvo contratos con el Estado.
Definitivamente, hemos de apreciar los diversos tecnicismos jurídicos que rigen dentro de nuestro entorno sistémico y, en tal efecto, se propone un recorrido por el tipo legal denominado “administración en provecho propio”, que se encuentra vinculado a la Ley N° 2523/04 “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”.

Fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción imputaron a un abogado por la presunta comisión del hecho punible. El profesional había solicitado una suma de dinero para un agente fiscal a cambio de medidas bajo fianza en un proceso por el hecho de abuso sexual en niños en la ciudad de Alberdi.
Parlamentarios opositores denunciaron ante el Ministerio Público al presidente Santiago Peña y a quienes aparezcan como autores y/o partícipes de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, administración en beneficio propio y abuso de poder. Creen muy “sospechoso” que el denunciado “no pueda justificar razonablemente su aumento patrimonial” desde el 3 de abril de 2014, cuando presentó su primera declaración jurada de bienes y rentas y su patrimonio neto era de 914.728.047 guaraníes. Y bien, a poco de asumir su actual cargo en 2023, tras haber sido ministro de Hacienda entre 2015 y 2017 y haberse desempeñado luego en el sector privado, declaró bienes y rentas por valor de 23.024.303.342 guaraníes, un incremento de 1.603% con relación al patrimonio declarado al abandonar la cartera de Hacienda, que era de 1.351.955.763 guaraníes. Se trataría de “una magnitud que reviste relevancia jurídica penal”, pues tendría que ver con presunto enriquecimiento ilícito.

El diputado cartista Benjamín Cantero, alias “nepoloro”, lejos de un “mea culpa” por las presiones -presunto tráfico de influencias- ejercidas sobre el titular de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, redobló la apuesta, ratificó que lo volvería a hacer. Le advirtió que “tiene que escucharle un poquitito la clase política” y reveló que se quejaron de él ante el presidente Santiago Peña.