La presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Esther Roa, aseguró que Silvio Ovelar asumió haber cometido tráfico de influencias al decir que él tuvo injerencia en los despidos masivos. Destacó que los afectados deberían presentar una denuncia y que la sociedad ya no puede callarse ante las irregularidades.
El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás admitió la imputación y procesó al abogado Farid González, esposo de la jueza de Capiatá, Norma Salomón, por los presuntos hechos punibles de tráfico de influencias y extorsión. El letrado fue citado para el viernes 18, a fin de realizar la audiencia de imposición de medidas.
La jueza penal de garantías de guardia Rossana Diana Raquel Carvallo Estigarribia decretó el arresto domiciliario del abogado Farid Gustavo González Ledesma, quien inicialmente fue imputado por extorsión y tráfico de influencias por el fiscal Joel Milciades Cazal. Sin embargo, la jueza calificó provisoriamente la conducta solamente por el hecho punible de extorsión (art. 185 del Código Penal, en calidad de autor) y no consideró el tráfico de influencias porque el imputado no es funcionario público.
El abogado Farid González Ledesma (50), logró zafar la cárcel tras una cuestionable decisión de la jueza Diana Carvallo de excluir su imputación por tráfico de influencia. González fue detenido en flagrancia cuando recibía G. 13.800.000 que solicitó para que supuestamente su exesposa, la jueza Norma Salomón, decrete la prisión de un imputado por violencia familiar.
La Fiscalía imputó por tráfico de influencias y extorsión al abogado Farid González, esposo de la jueza de Capiatá, Norma Salomón. Este había sido detenido tras presuntamente recibir, en un operativo encubierto, la suma de G, 13.800.000, como parte de un monto que había pedido a cambio de acuerdos judiciales en relación a una causa penal abierta.
El miembro del Consejo de la Magistratura (CM) Alfredo Enrique Kronawetter aseguró que en la próxima sesión solicitará a su colega Jorge Bogarín Alfonso que se ponga a disposición de la justicia para que le investigue por eludir declarar ante la Contraloría más de G. 2.000 millones como parte de su patrimonio. También, la Fiscalía debería comunicar al CM si abrió o no la investigación penal por tráfico de influencias para que analice el retiro de su inmunidad. El consejero Edgar Olmedo dijo que instará a Bogarín a confiar y a ponerse a disposición de la justicia ya que se supone ellos eligen a los mejores operadores de justicia.