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En menos de un mes se conocieron tres casos que rayaron el escándalo por la vulnerabilidad del narcotráfico en las instituciones del Estado.
Si vamos por orden cronológico, el primero está relacionado a la causa a la causa A Ultranza Py y la vulnerabilidad de la Secretaría Nacional Antidrogas; el segundo tiene que ver con una carga de cocaína que cayó en San Lorenzo, lo que derivó en la destitución de cuatro policías y el tercero que está relacionado con un emprendimiento carcelario, con fines de reinserción que seria financiado con el lavado de dinero.
Ninguno de estos casos está aclarado, pese a la intervención de las instituciones del Poder Ejecutivo y a la toma de conocimiento del Ministerio Público.
La acusación de 716 páginas presentada el pasado 19 de mayo por el fiscal Deny Yoon Pak, en el caso a Ultranza Py contra José Alberto Insfrán, alias Tío Rico permitió conocer las filtraciones que hubo dentro de la investigación.
Filtraciones que permitieron a Gilberto Sandóval piloto de Tío Rico, advertir a su esposa que su teléfono estaba intervenido.
Las filtraciones también facilitaban las operaciones de tráfico, conforme a los intercambios de mensajes entre Insfrán y Sebastián Marset, el uruguayo que está prófugo.
Filtraciones que permitieron a Tío Rico, huir del país, dos meses antes que se ejecute el operativo a Ultranza Py que se dio el 22 de febrero de 2022.
Se denunció hace dos años
En abril de 2022 el director de Investigaciones Sensibles (SIu) de la Senad denunció las filtraciones a la fiscalía. El caso quedó a cargo del fiscal anticorrupción Francisco Cabrera.
En marzo pasado, casi dos años después se reforzó el equipo investigador con los fiscales Diego Arzamendia y Jorge Arce.
Pero recién después que se difundieran los chats filtrados tras la presentación de la acusación, la fiscalía llamó a declarar a la exministra Zully Rolón.
Tras su declaración, se conoció que la Senad nunca abrió sumario, que por estrategia se dejó todo en manos de la fiscalía y que los integrantes de la Dirección de Inteligencia Técnica, donde se registraron las filtraciones fueron trasladados a otros departamentos o comisionados a otros poderes del Estado.
Prisioneros del Sabor
Otro caso contradictorio que se conoció el pasado martes es el del emprendimiento de la producción de salsa picante en la cárcel Emboscada Antigua.
El ahora ministro de Justicia Rodrigo Nicora denunció en setiembre de 2023 que había sospechas de que la producción tenía como base el lavado de dinero..
Es más, la denuncia la hizo ante el fiscal Pak, el mismo del caso a Ultranza, por entender que los procesados en esa causa eran los financistas.
Nicora responsabilizó de ese hecho al gobierno de Mario Abdo Benítez.
Pak remitió la denuncia a su superior, en este caso la fiscala adjunta Soledad Machuca, responsable interina de la unidad Antidrogas y permanente de Anticorrupción.
La fiscala Machuca, quien se caracteriza por no dar la cara ante la prensa, a través de la vocería de la fiscalía general explicó la semana pasada que pidió informes al Ministerio de
Justicia y que dependiendo de lo que reciba dispondría de la apertura de una investigación.
Y como la fiscalía nunca abrió la investigación la administración de Angel Barchini en el Ministerio de Justicia de la cual Nicora era el viceministro de Política Criminal decidió difundir en sus portales oficiales el emprendimiento, como ejemplo de reinserción a la sociedad.
Es más, pese a que el caso se destapó la semana pasada, desde ese ministerio indicaron que no detendrán el emprendimiento hasta que la fiscalia se pronuncie.
Lo paradójico es que los presos que están detrás de este emprendimiento emitieron un comunicado en el cual defendieron el trabajo y a la vez dejaron en claro que de todo esto tenían conocimiento las autoridades del Ministerio de Justicia de aquel entonces, como las actuales. Lo cierto es que pasaron nueve meses y no hay nada.
Cocaína hallada en San Lorenzo
El pasado 27 de mayo, Investigaciones de Central detuvo en San Lorenzo un vehículo con 200 kilos de cocaína.
Esa misma noche, el jefe de la comisaría de esa ciudad, más otros tres policías fueron destituidos y puestos a disposición de Asuntos Internos, ante la sospecha de que un día antes retuvieron la carga y luego la liberaron.
La fiscala Fani Aguilera investiga el tráfico; su colega anticorrupción Marlene González la irregular intervención. A dos semanas, se desconoce avance alguno en las pesquisas fiscales y la policial.