Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti imputaron el viernes último a Arnoldo Wiens, quien fue ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023), por supuesta lesión de confianza y daño a obras construidas en la causa del fallido metrobús.
Los fiscales, además de imputar a Wiens, solicitaron el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, extitular de la cartera durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).
Según fuentes judiciales, el exministro abdista fue convocado en el 2023 para una audiencia indagatoria en la causa abierta; sin embargo, con chicanas logró frenar la misma, por lo que fue convocado nuevamente para el 8 de setiembre del 2025.
Si bien Wiens se mostró sorprendido por la imputación, ya para esta segunda convocatoria tenía conocimiento de que la Fiscalía tenía sospechas sobre él, lo que se concretó con los pagos detectados que los agentes introdujeron en la investigación durante el periodo de sobreseimiento provisional que terminó con un sobreseimiento definitivo de Jiménez Gaona, inclinando la balanza en contra del excandidato presidencial.
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Imputación por perjuicio al Estado
De acuerdo a la imputación fiscal, cuando Wiens fue nombrado como ministro de Obras Públicas, asumió la responsabilidad de proteger el patrimonio del ministerio y quedó a cargo de su administración la continuación del cumplimiento del Contrato S.G. Ministro N° 100/2016, vinculado al llamado a licitación MOPC N° 108/2015, suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa portuguesa Mota-Engil Ingeniería y Construcción S.A.
En cumplimiento de dicho contrato, fueron construidas seis estaciones de autobús sobre la avenida Mariscal Estigarribia, ubicadas en las ciudades de San Lorenzo y Fernando de la Mora, además de una séptima que quedó inconclusa.
También indican que bajo la administración abdista se pagó a la empresa contratista, Mota Engil la suma de G. 8.030.693.029 por trabajos acordados en un acta de entendimiento; sin la declaración de la empresa fiscalizadora Tyosa Incosa Ingeneg S. A., que certifique textualmente las condiciones de las obras, incumpliendo lo dispuesto en los documentos de licitación.
También la adjudican la responsabilidad de ordenar la demolición de las estaciones sin realizar un nuevo informe técnico previo acerca del estado actual de las obras, conforme a la recomendación dada por la Procuraduría General de la República; y contando con un informe que indicaba que se logró normalizar el tránsito en la zona de obras, e incluso los interventores recomendaron la continuidad del proyecto.
Según la acusación, esta decisión le causó un perjuicio al Estado Paraguayo ude G. 14.955.317.035.