El recientemente designado viceministro de Seguridad Interna responsabilizó directamente a la ahora exdirectora del Departamento Judicial femenino, comisario principal Nidia Martínez, por la habilitación de condiciones privilegiadas para Dalia López.
Según explicó, tras conocerse el caso mantuvo reuniones con autoridades policiales y de investigación para esclarecer lo ocurrido. A partir de esas primeras evaluaciones, concluyó que la decisión fue adoptada de forma unilateral por la entonces jefa.
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“Fue una decisión personal”, sostuvo y descartó que exista una línea institucional que permita este tipo de beneficios dentro de la Policía Nacional. El viceministro también recordó que la exdirectora ya fue apartada y puesta a disposición de Asuntos Internos, instancia que llevará adelante el proceso investigativo correspondiente.
Investigación en curso y posibles sanciones
Benítez afirmó que el caso se encuentra en plena etapa de análisis y que la funcionaria deberá responder por su actuación. No descartó que, además de sanciones administrativas, puedan surgir derivaciones al ámbito penal dependiendo de los resultados.
Consultado sobre posibles hechos de corrupción, señaló que, si bien existen sospechas, aún no se puede confirmar si hubo intercambio de dinero u otro tipo de beneficio indebido.
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En ese sentido, insistió en que lo ocurrido no representa a la institución, sino que responde a una conducta individual que deberá ser sancionada conforme a la ley.
El viceministro reconoció que este tipo de situaciones genera preocupación, pero alegó que ninguna institución está exenta de “errores o decisiones incorrectas” por parte de sus integrantes.
Medidas para evitar nuevos privilegios irregulares
Consultado respecto a qué harán para evitar que se repita este tipo de hechos, Benítez aseguró que se reforzarán los mecanismos de control interno para evitar que se repitan dentro de la Policía Nacional. Indicó que uno de los principales ejes será la selección del “mejor talento humano disponible”, además de fortalecer los procesos de supervisión y seguimiento de las decisiones adoptadas en áreas sensibles.
Asimismo, explicó que cualquier irregularidad detectada será sometida a sumarios y, en caso de comprobarse faltas graves, se aplicarán sanciones que pueden incluir la destitución y procesos judiciales. “El objetivo es claro: no tolerar este tipo de situaciones”, prometió.