La increíble historia que ahora derivó en la presunta coima en realidad se inició el 29 de agosto de 2025, cuando fue capturado Marcelo Fabián Peña Mancuello, de 32 años, en un allanamiento a su casa de la ciudad de San Lorenzo, departamento Central.
El procedimiento fue efectuado por policías del Departamento Antinarcóticos y el fiscal Fernando Javier Meyer Gini, también de la unidad de Narcotráfico de San Lorenzo.
El detenido fue imputado por tenencia sin autorización y por comercialización de sustancias estupefacientes, hechos contenidos en los artículos 27 y 44, respectivamente, de la Ley 1.340 de Drogas.
La jueza de Garantías de San Lorenzo, María Elena Cañete Acosta, decretó cuando eso la prisión preventiva del joven en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
El 28 de febrero pasado, al cumplirse el plazo ordinario de seis meses de investigación, la Fiscalía presentó acusación contra Marcelo Fabián Peña Mancuello y el Juzgado elevó la causa a juicio oral, aunque ya solamente por el hecho punible de tenencia, excluyendo la figura de comercialización.
Hasta ese momento, la jueza había rechazado varias veces el pedido de revisión de medidas y la concesión de arresto domiciliario con tobillera electrónica, planteados por el abogado defensor Vicente Adolfo Rodríguez Barreto, quien justamente es un exfiscal.
Funcionaria del Juzgado y vecina de la familia afectada
El 20 de abril pasado, el abogado del acusado volvió a pedir arresto domiciliario, pero ofreció que la medida sea cumplida en la casa de una tía de su cliente, también en San Lorenzo.
Al día siguiente, 21 de abril, la jueza efectivamente emitió un oficio mediante el cual ordenó la constitución de funcionarios de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC) en la casa de San Lorenzo donde se debía cumplir el arresto domiciliario, para determinar si el lugar reunía las condiciones técnicas.
Los funcionarios acudieron esa misma tarde del 21 de abril. La OMDEC es una oficina dependiente del Ministerio del Interior (MI), que justamente se encarga de la aplicación del beneficio de tobillera electrónica.
El 22 de abril, llamativamente la jueza María Elena Cañete ya rechazó el pedido de arresto domiciliario a las 10:15, supuestamente porque no llegó a tiempo el informe de OMDEC.
Sin embargo, los técnicos de OMDEC entregaron su reporte a las 11:32, ya que el plazo que dio la jueza vencía recién al mediodía.
El pedido de coima
En coincidencia con el rechazo del arresto domiciliario, ese mismo día una funcionaria de la sección Estadísticas del Juzgado de Primera Instancia de San Lorenzo, Antonia Galeano, supuestamente pidió G. 6 millones a la familia del procesado para hablar con la jueza del caso para que le concediera la medida.
La funcionaria de Estadística intervino porque es vecina de la casa donde se debía dar el arresto domiciliario.
La familia pagó G. 3 millones, es decir, la mitad de lo que supuestamente pidió la funcionaria. Según la versión que habría recibido la familia, esa vez no fue concedida la medida de arresto domiciliario porque no se pagó todo el monto pedido.
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Recién el 24 de abril, la jueza finalmente concedió el arresto domiciliario con tobillera electrónica al acusado Marcelo Fabián Peña Mancuello, tras lo cual la funcionaria de Estadísticas Antonia Galeano supuestamente volvió a llamar a la familia del beneficiado y pidió que se pagara los G. 3 millones restantes.
Es más, la funcionaria supuestamente pidió otros G. 1 millón para los funcionarios de OMDEC que dieron un informe favorable para el arresto domiciliario.
Entrega vigilada y allanamiento del despacho de la jueza
Como ya no tenían dinero y tenían miedo de que le revocaran el arresto domiciliario a Marcelo Fabián Peña Mancuello, su familia hizo la denuncia por la extorsión que supuestamente sufrían de parte de la funcionaria de Estadísticas.
Con estos elementos, la fiscala Yeimy Rossana Adle Monges, de Anticorrupción, abrió una causa penal y planificó la entrega vigilada del dinero, que se hizo hoy en la propia sede del Juzgado de Primera Instancia de San Lorenzo.
La funcionaria Antonia Galeano fue detenida por la Policía cuando recibió los G. 3 millones que eran supuestamente para la jueza y una de sus actuarias y los otros G. 1 millón que eran presuntamente para los funcionarios de OMDEC del Ministerio del Interior.
Tras la detención de la funcionaria, también fue allanado el despacho de la jueza María Elena Cañete e incautado el celular de la actuaria Claudia Sanabria, todo esto según la información preliminar proporcionada por el Ministerio Público.