Un comunicado publicado hoy en la página web del Ministerio Público (MP) dice que la acusación fue presentada por el fiscal Christian Manuel Benítez Cáceres, titular de la unidad 6 de Delitos Económicos y Anticorrupción y unidad 3 de Lavado de Dinero.
Los hechos punibles atribuidos son cohecho pasivo agravado (coima) y frustración de la persecución y ejecución penal.
La acusada es Egidia Victoria Gómez Denis, de 60 años, quien dejó de ser agente fiscal el 1 de setiembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó su renuncia para acogerse a la jubilación.
Egidia Gómez era titular de la unidad 3 de la Fiscalía Zonal de Villa Elisa cuando supuestamente favoreció al narcotraficante Walter José Galindo Domínguez, ahora de 36 años, quien cayó preso el 13 de mayo de 2021 y condenado a 19 años de cárcel en el marco de la operación Mercat.
Galindo había sido sorprendido en posesión de cocaína y se le incautó una camioneta con la que supuestamente hacía el delivery de las drogas.
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“Entre el 8 de julio y el 7 de agosto de 2021, la acusada habría sustituido los tres paquetes de cocaína incautados, que totalizaban 1.486,7 gramos, por un paquete de bicarbonato de sodio con un peso de 1.476 gramos”, dice la nota de la Fiscalía sobre la conducta desplegada por la entonces fiscala Egidia Gómez.
“Igualmente, habría dispuesto la entrega de la camioneta Ford Ranger sin realizar diligencias investigativas ni requerir documentación que acreditara la titularidad del rodado. Posteriormente, solicitó el sobreseimiento provisional del imputado en la causa”, añade la información oficial.
Entre las evidencias a ser expuestas en un eventual juicio oral, constan también audios grabados con autorización judicial.
Sobreseimiento provisional
En el mismo documento contra Egidia Gómez, la Fiscalía pidió también el sobreseimiento provisional para Isabel Beatriz Bracho Pedrozo, de 58 años, quien era jueza penal de Garantías 2 de Lambaré hasta el 10 de diciembre de 2025, cuando la Corte también aceptó su renuncia.
El fiscal Christian Benítez requirió la misma salida para la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira Brítez, de 39 años, quien trabajaba en el despacho de Isabel Bracho y que está suspendida por la Corte desde el 19 de noviembre de 2025.
Ambas fueron imputadas también por su supuesta participación en la trama para favorecer a Galindo. Entre todas se habrían beneficiado con el cobro de unos 50.000 dólares para conceder medidas al narcotraficante.
“Aún existen diligencias pendientes para determinar si ambas habrían intervenido en actuaciones judiciales que favorecieron al imputado con medidas alternativas a la prisión preventiva y posteriormente con una salida procesal”, dice la justificación de la Fiscalía sobre el pedido a favor de estas dos.
“Si bien la investigación cuenta con indicios, entre ellos audios de conversaciones de terceras personas que hacen referencia a una supuesta entrega de dinero, el fiscal indicó que todavía no se dispone de elementos testimoniales que permitan corroborar dichos extremos”, detalla el comunicado.
“Entre las diligencias pendientes figuran una pericia acústica sobre los audios incorporados a la causa y la declaración de funcionarios del Poder Judicial, además de otras actividades investigativas que deberán desarrollarse durante la etapa de sobreseimiento provisional”, concluye la información oficial.