Mediante el fiscal Leonardi Guerrero, titular de la Unidad Penal N° 17 de Asunción, el Ministerio Público imputó por la presunta producción y uso de documentos no auténticos a profesionales del ámbito legal y también a funcionarios de instituciones vinculadas a la magistratura.
Sobre el caso, el fiscal individualizó la probable participación de los investigados en calidad de autores a una exactuaria judicial de Curuguaty, un asistente fiscal de Coronel Oviedo, un exmagistrado judicial y a una actual jueza penal de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero.
Por otra parte, también, pero en calidad de cómplice, fue imputado un funcionario del Archivo del Consejo de la Magistratura, mientras que en calidad de instigador, un funcionario de la Escuela Judicial.
Al respecto, la Fiscalía detalla que con los antecedentes recopilados, los que fueron imputados en calidad de autores figuran como postulantes a cargos en la judicatura convocados por el Consejo de la Magistratura.
Lea más: Mafia de los pagarés: nuevas imputaciones contra juezas de Paz
Los imputados
Imputados en calidad de autores:
- Librada Beatriz Peralta Céspedes, jueza penal de liquidación y sentencia de Pedro Juan Caballero.
- Mario Brítez Ruiz Díaz, exmagistrado
- Schirley Paola Irala Leite, exactuaria judicial de Curuguaty.
- Adán Fredy Rolón Villareal, asistente fiscal de Coronel Oviedo.
Imputado en calidad de cómplice:
- Rafael Prieto Quintana, funcionario de Archivo del Consejo de la Magistratura.
Imputado de calidad de instigador:
- Tomás Rodrigo Ávalos Sanabria, funcionario de la Escuela Judicial.
Modus operandi con los documentos e hipótesis
Asimismo, el Ministerio Público detalla que con el objetivo de sumar puntuaciones en las evaluaciones y eventualmente integrar ternas para cargos de jueces, fiscales o defensores públicos, se habrían utilizado copias adulteradas de diversos documentos académicos.
Entre estos se mencionan notas de actualizaciones de legajos, certificados de escuela judicial, constancias de formación continua de instituciones privadas y también certificados de especializaciones.
“Las indagaciones de la Unidad Penal constataron que se utilizó la copia de un certificado de especialización en Derecho Procesal Penal originalmente dictado por la Universidad Privada del Este a favor de otra profesional. Dicho documento habría sido modificado con los datos personales de los postulantes para ser ingresado al sistema a través de la página web”, cita la Fiscalía.
Finalmente, la hipótesis fiscal señala que la recepción y carga de estos documentos apócrifos en la plataforma digital habría sido facilitada por el funcionario de Archivo del Consejo de la Magistratura y el funcionario de la Escuela Judicial, ya que ambos habrían actuado para favorecer de manera irregular a los concursantes en las ponderaciones que realiza la institución al momento de integrar las ternas.
El juez penal de Garantías, Miguel Palacios, fue sorteado para atender la causa y admitir o no la imputación contra los investigados por el Ministerio Público.
Lea más: Fiscalía acusa a exfiscala y pide sobreseimiento para exjueza y actuaria suspendida