La Presidencia de la República oficializó una extensa serie de 86 decretos que sacan de las filas de la Policía Nacional a decenas de efectivos. De este total, 44 decretos corresponden a bajas deshonrosas por faltas graves y muy graves. Por otro lado, 42 lograron sus pases a retiro voluntario.
La medida alcanza a personal de distintos rangos y responde a dos escenarios. Por un lado, la expulsión de agentes salpicados en esquemas delictivos graves, y por el otro, una estampida de solicitudes de retiro voluntario impulsada por la reciente reforma de la caja fiscal.
Entre las bajas firmadas por el Ejecutivo resaltan casos con peso judicial y policial. Figura de manera destacada la expulsión del suboficial Gustavo Adolfo Florentín Silva (Decreto N° 6727), cuya condena a 24 años de cárcel por el homicidio doloso de Rodrigo Quintana, ocurrido en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en marzo de 2017, quedó firme tras el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.
El listado expone igualmente la penetración del crimen organizado dentro del propio cuadro policial. Mediante el Decreto N° 6773 se dio de baja al suboficial mayor Valvino Melgarejo Galeano, arrestado a comienzos de 2025 por la Armada tras ser sorprendido con un cargamento de marihuana en Canindeyú.
En esa misma línea se oficializó la baja del suboficial mayor José Isacio Peralta Martínez (Decreto N° 6706), condenado por narcotráfico y a quien el año pasado habría estado involucrado en el hallazgo de un arsenal de drogas, incluyendo cocaína, marihuana y pastillas, dentro de la propia Agrupación Especializada.
El esquema de “polibandis” e infiltrados en el narcotráfico suma además nombres como el del suboficial Richard Adolfo Barrientos Agüero (Decreto N° 6709), detenido por el secuestro de un supuesto narco en Luque en un procedimiento irregular con 50 kilos de cocaína.
También el suboficial Bonifacio Fabián Britos Benítez (Decreto N° 6720), salpicado en la extorsión a ciudadanos orientales y en el despojo de otro importante lote de droga en Alto Paraná. También fue dado de baja su hermano, el suboficial Miguel Alejandro Britos Benítez (Decreto N° 6721).
De asaltantes a ausentes injustificados
La nómina de policías de baja revela cómo agentes policiales incurrieron en asaltos y robos violentos. Destaca el caso del oficial inspector Roberto Isaac Chaparro Martínez (Decreto N° 6705), castigado con 15 años de prisión por robo con resultado de muerte.
También fue dado de bajoel suboficial Ever Daniel Ayala Lesme (Decreto N° 6774), quien en 2024 baleó a cuatro personas en una gresca, provocando la muerte de una de ellas.
Asimismo, se dio la salida del oficial primero Bruno Robert Didier Babañoli Sánchez (Decreto N° 6785), procesado por faltar a los deberes policiales. Este mismo fue denunciado por un propio camarada por el robo de más de G. 53 millones.
En el ámbito del abigeato a gran escala en el Chaco, se confirmó la baja del suboficial mayor Marcial Martínez (Decreto N° 6779), implicado en la operación “Sequimur Vestigia”.
A estos expedientes se suman bajas por faltas administrativas que encubren aparente ausencias sistemáticas por más de 5 y 15 días sin justificación.
Alumnos de la Academia también fueron expulsados
Se dio además la expulsión de alumnos de los institutos de formación, como la Academia General Díaz y el Colegio de Policía, vinculados al tráfico, tenencia y consumo de estupefacientes o faltas de conducta.
Se resalta la baja deshonrosa de cuatro cadetes de la Academia Nacional de Policía “Gral. José Eduvigis Díaz”: Alexander Nahuel Vega Felauher (de cuarto curso), Diego Ángel Mario Correa (de tercer curso), Alan Matías Ayala González (de tercer curso) y Emilio Javier Escobar Espínola (de segundo curso).
Estos fueron sumariados y expulsados tras comprobarse su implicancia en el tráfico, tenencia, comercialización o consumo de drogas peligrosas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes dentro y fuera de la institución académica
Ola de pedido de retiro, efecto de la caja fiscal
En paralelo a las expulsiones por sumario, se oficializó el pase a retiro voluntario de 42 efectivos policiales de diversos rangos. Se trata de comisarios principales, suboficiales superiores y personal de sanidad que solicitaron su desvinculación.
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Esta seguidilla de salidas a pedido de los uniformados responde al impacto de la reestructuración y reforma de la caja fiscal, situación que precipitó que un importante cupo de efectivos con años de servicio opte por asegurar sus haberes antes de la entrada en vigencia de nuevas exigencias de permanencia en la institución policial.