El concejal departamental de Central, Roque Ávalos (PLRA), fue convocado por los fiscales de la causa, Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Luis Said, para una declaración testifical respecto a la supuesta mala ejecución de US$ 1 millón (G. 6.382 millones) del fondo covid-19, que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central, administrada en ese entonces por el gobernador Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), para reactivar la economía durante la pandemia generando fuente de trabajo y ayudando a hospitales.
Ante el Ministerio Público, Ávalos se ratificó y sostuvo que junto a su par, el concejal Adrián Billy Vaesken (PLRA) accedió a las planillas y facturas de la rendición de cuentas sobre el uso del dinero que se encuentran en el portal de la Contraloría General de la República (CGR) y descubrieron que algunas facturas serían clonadas.
Para confirmar el hecho, ambos concejales se comunicaron con los proveedores cuyas supuestas facturas aparecieron en la rendición del millón de dólares y pudieron confirmar que “efectivamente las facturas eran clonadas”, declaró Ávalos.
Ayer, el edil Billy Vaesken también declaró en la sede de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), y al igual que Ávalos, se ratificó en las denuncias públicas que había realizado el año pasado sobre el caso.
Ambos manifestaron que hasta el momento la investigación sigue su curso dentro de los plazos establecidos y esperan “que los verdaderos culpables del presunto despilfarro, de comprobarse, sean castigados con todo el peso dela ley”.
Las presuntas facturas apócrifas, que constan en la rendición de cuentas hecha a la CGR, están a nombre de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), de Tadeo Álvarez (imputado en la causa y con arresto domiciliario), que recibió G. 5.105 millones y de la Gobernación de Central.
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Tras el escándalo, estas facturas fueron reemplazadas por otras, también falsas aparentemente, anexadas a una segunda rendición que el ahora exgobernador Hugo Javier González Alegre presentó a Auditoría General del Poder Ejecutivo para justificar el uso del recurso. Según la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la diferencia entre la primera y segunda rendición fue de G. 1.600 millones.
González Alegre fue imputado en noviembre del año pasado junto a otras 14 personas por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal. El mismo está con arresto domiciliario desde el 12 de abril de este año. Posteriormente, debido a esta condición, la Junta Departamental lo reemplazó por el edil colorado Gustavo Machuca (Fuerza Republicana), quien cumplirá con el periodo como gobernador (hasta agosto de 2023) según la resolución de la Junta.