Contrataciones Públicas investigará contratos firmados por Diesel y Fretes

El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, anunció ayer la apertura de una investigación a los dos contratos firmados el año pasado por el actual presidente de la Corte, César Diesel, y el exministro Antonio Fretes. Ambos refrendaron acuerdos por más de G. 21.979 millones con Patria SA de Seguros en coaseguro con Aseguradora Yacyretá SA, pese a que parientes directos de los mismos son parte de una de las compañías.

Antonio Fretes, exministro  que firmó uno de los contratos el 13 de junio de 2022 cuando  ejercía la  presidencia de la Corte.
Antonio Fretes, exministro que firmó uno de los contratos el 13 de junio de 2022 cuando ejercía la presidencia de la Corte.

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El actual presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel Junghanns, y el exministro Antonio Fretes -ambos en carácter de representantes del Poder Judicial- firmaron el año pasado dos contratos con la empresa Patria SA de Seguros y Reaseguros en coaseguro con Aseguradora Yacyretá SA. Estos acuerdos, por más de G. 21.979 millones, eran para la contratación de seguros varios, según la descripción.

Lo llamativo de la cuestión es que tanto Diesel Junghanns como Fretes tienen a parientes muy cercanos como parte de las firmas accionistas de Patria SA. Estas son Río Salado SA -cuyos socios son Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano (hijo de Antonio Fretes) y Lourdes Beatriz González- y MTA SA, integrada por Óscar Diesel Junghanns, hermano del miembro de la máxima instancia judicial.

El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, consultado ayer por ABC sobre el tema, afirmó que los acuerdos serán investigados por la dependencia a su cargo a los efectos de determinar si se aplica o no el Art. 40, inciso 1 de la Ley 2051/2003 “De Contrataciones Públicas” que impide la suscripción de contratos o la presentación de ofertas cuando hay un conflicto de interés con los funcionarios que intervengan en el proceso de contratación y la firma contratada.

Según Seitz, primero se hará una verificación de los datos para luego iniciar la investigación para determinar si se incumple o no la ley de contrataciones públicas con los dos contratos.

“Todos esos datos tienen que comprobarse, en el sentido de incorporarlos en un expediente de investigación y ahí tomar la decisión”, señaló Seitz.

El director de la DNCP adelantó que s,i eventualmente, esos contratos tienen algún tipo de irregularidad o deberían ser anulados, la decisión estará a cargo de Contrataciones Públicas. Detalló que todo el proceso investigativo podría durar unos 30 días.

Seitz añadió que la DNCP, en caso de encontrar irregularidades administrativas, se remitirán los antecedentes a la Contraloría General de la República (CGR), mientras que si eventualmente existen otros inconvenientes en el ámbito penal o tributario se enviará a las instituciones correspondientes.

Negocios conjuntos con Antonio Fretes

Patria SA de Seguros y Reaseguros no es el único emprendimiento conjunto del clan Fretes, cuyo principal referente es el exministro Antonio Fretes, con Óscar Diesel Junghanns, hermano del actual titular de la Corte, César Diesel.

MTA SA y Río Salado SA aparecen como accionistas de Negocios y Servicios SA, Carsa (Compañía Administradora de Riesgos SA) y la inmobiliaria Itacuá Bienes y Raíces SA. A esta lista, se suman los bancos Continental y Río, además de Avalón Casa de Bolsa.

César Diesel, en enero pasado, se había desmarcado de los negocios de su hermano con el clan Fretes. “Mi hermano es una persona muy conocida y de larga trayectoria en el ámbito financiero y bancario, pero no sé los detalles respecto a sus emprendimientos, no sé si es socio de algún hijo del ministro Fretes. Por mi parte, me he dedicado al derecho toda la vida”.

Acuerdos vigentes este año

Los dos contratos firmados por Antonio Fretes y César Diesel Junghanns con Patria SA de Seguros y Reaseguros, en coaseguro con Aseguradora Yacyretá SA, tienen vigencia hasta junio de este año, según los datos publicados en el portal web de la Dirección de Contrataciones Públicas. Lo curioso es que, por uno de los contratos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya abonó casi la totalidad: pagó G. 2.335 millones de un monto máximo adjudicado de G. 2.559 millones, de acuerdo al detalle.

En el caso del otro contrato, por G. 19.419 millones, el Poder Judicial realizó pagos por G. 10.368 millones.

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