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Legisladores de ambas cámaras analizaron el proyecto de ley que modifica los artículos 187 y 192 de la Ley 1.160/97 Código Penal, modificado por la Ley 3.440/08. En medio del debate dentro del parlamento, en un principio, los diputados estipularon elevar el marco penal vigente hasta 15 años para los casos graves referidos a corrupción política.
Pero, finalmente el senado incluyó modificaciones en donde se favorece a imputados por corrupción. Con la nueva ley se deja en 8 y 10 años de pena privativa de libertad casos “especialmente graves de estafa y lesión de confianza”, respectivamente.
Tras la evaluación de Mario Abdo y su equipo jurídico de Presidencia de la República, el mandatario optó por vetar totalmente estos cambios.
La Ley establecía que los agravantes para la lesión de confianza y la estafa deben ser: el 70 % del daño patrimonial de la víctima o el perjuicio a 10 personas o más, por una cesación de pago.
El decreto 9.422 de Abdo entre sus objeciones, indica que el proyecto no implica una optimización del marco normativo con el que se libra la lucha contra la corrupción.
También se apunta a que el Ejecutivo se encontró con figuras penales que subyacen compromisos con valores esenciales para una sociedad cooperativa en la protección del patrimonio, entre otros puntos.
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