Jorge Luis Bogarín Alfonso, miembro del Consejo de la Magistratura (CM) y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), construyó una imponente residencia en inmediaciones al hotel del Yacht y Golf Club de la ciudad de Lambaré. Por toda la edificación pagó un poco más de G. 845 millones, según informó a la Contraloría General de la República (CGR) la constructora Tape Apo SRL, representada por Francisco Bogarín Vera, tío de Bogarín Alfonso.
La empresa detalló el precio de cada área construida en cinco etapas, dentro del terreno identificado con la cuenta corriente catastral 13-1731-08 como también los pagos que realizó Jorge Bogarín entre abril de 2013 y diciembre de 2019. Lo curioso es que ninguna de las millonarias inversiones aparecen en las DD.JJ. del declarado “significativamente corrupto” por los Estados Unidos.
Quincho y piscina, obras más caras de la casa de Bogarín
Los detalles expuestos en el informe preliminar de la CGR sobre el análisis de los bienes de Bogarín Alfonso revelan que el área más cara de la residencia es el quincho y la piscina. Según la constructora, el integrante del Consejo pagó sólo por dicho sector G. 395 millones.
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Los datos refieren que el primer pago para la construcción de esa área se realizó aproximadamente en octubre de 2018. Consistió en G. 18 millones.
Bogarín Alfonso, según la constructora, luego realizó pagos mensuales de entre G. 5 millones y G. 50 millones hasta diciembre de 2019.
Un detalle importante es que en ese lapso el extitular del JEM también pagó por esa misma obra en un solo día G. 150 millones. Fue el 20 de diciembre de 2019, de acuerdo al informe.
Casa y cochera de la vivienda de Bogarín
Los datos aportados también muestran que por la planta baja de su vivienda Bogarín Alfonso pagó G. 208.373.070, mientras que por el segundo nivel G. 176 millones.
Por el área de servicio, en tanto, pagó G. 31 millones y por la cochera G. 42.200.000, según la constructora.
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Un punto curioso es que no figuran pagos por la construcción de la muralla de casi tres metros que rodea todo el inmueble con una superficie de 2.736 metros cuadrados. Tampoco aparecen el precio de la vereda de canto rodado y demás terminaciones como canteras, plantas y portones de hierro macizo.
Terreno está a nombre de su hermano
El terreno donde Bogarín Alfonso realizó la millonaria inversión figura en la página web del Servicio Nacional de Catastro (SNC) a nombre de Raúl Bogarín Alfonso, hermano de Jorge Bogarín.
Lo curioso es que este no declaró ese lote como tampoco la imponente vivienda que se edificó entre 2013 y 2019, en su última declaración jurada presentada el 1 de junio de 2022, cuando renunció a su cargo de defensor público de la niñez y adolescencia.
Bogarín Alfonso al igual que su pareja, la jueza Karen González Orrego fijaron ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) la lujosa casa en Lambaré como domicilio. Sin embargo, en las DD.JJ. de ambos no hay rastros de esa residencia.
Condominio al lado de su casa
Bogarín Alfonso también habría realizado una importante inversión al lado de su imponente residencia. Se trata de un condominio de viviendas en un terreno que su difunta madre, la jueza Irma Alfonso, declaró como predio sin construcción el 29 de abril de 2019, días antes de su fallecimiento. La exmagistrada dijo que el valor del lote era de G. 10 millones.
No figuran inmuebles, dice la Contraloría
El director de Control de DD.JJ. de la Contraloría, Armindo Torres, señaló ayer a ABC que Jorge Bogarín figura ante la Dirección Nacional de Registros Públicos solo con dos inmuebles, que están detallados en el informe preliminar sobre sus bienes. Dijo que el integrante y expresidente del JEM declaró algunas inversiones para vivienda propia, pero, no aparecen en ningún lado los lotes en la ciudad de Lambaré como de su propiedad.
Con relación al condominio al lado de su residencia, Torres dijo que tampoco existe documentación para sustentar que sea de Bogarín Alfonso o su pareja, la jueza de la Capital, Karen González. En ese sentido, explicó que la Contraloría no puede presumir y se basan en documentos que reciben de las diferentes instituciones.
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Torres, no obstante, dijo que la difunta jueza Irma Alfonso declaró inversiones, pero no así el inmueble en el cual las realizó, hasta donde pudieron verificar.
Bogarín A. tiene tiempo hasta el martes próximo para responder las siete observaciones de la CGR. Una de ellas es la falta de confirmación del origen hereditario del ahorro de G. 909 millones en la Cooperativa de Funcionarios Diplomáticos (Cofudep).