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El “pacto de impunidad” quedó claro desde un inicio, ya que incluso antes de que empiece la exposición de los argumentos a favor y en contra de la intervención, la bancada cartista y otros aliados se opusieron a que se haga un debate libre y trataron de apure el tema, ya que las posiciones “políticas” ya estaban previamente definidas.
Según la líder de bancada de Honor Colorado, Rocío Abed, no correspondía el debate libre, ya que se prestaría al “show mediático” y a que la sesión se extienda innecesariamente.
Primeramente se salvó por amplia mayoría a la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA, dionisista), pese a que está acusada penalmente y a puertas de juicio oral y público por presunta asociación criminal y otros delitos. La votación cerró con apenas 18 votos a favor de la intervención; 57 en contra, 4 abstenciones y un ausente.
En este caso, los diputados Édgar Olmedo, Hugo Meza y Roberto González (todos ANR, FR) y las diputadas Rocío Vallejo (Patria Querida) y Johanna Ortega (País Solidario) argumentaron ámpliamente los argumentos a favor de la intervención.
Por su parte, el dictamen por el rechazo, es decir, en defensa de la intendenta, lo argumentó el presidente de la Comisión Especial del caso Valenzuela, diputado Freddy Franco y acompañado por su correligionario Rodrigo Blanco (ambos PLRA, bancada PL) y Marcelo Salinas (PLRA, bancada A).
Franco, si bien reconoció que había ciertas diferencias en las ubicaciones de las obras y otras “inconsistencias”, afirmó que supuestamente las obras estaban hechas y que en todo caso, correspondía a otras instituciones investigar. Apeló junto a otros colegas al argumento recurrente de que existía una “persecución política” contra la jefa comunal.
El imputado Adorno, otro de los que “va a estar mejor”
A renglón seguido, una mayoría de diputados salvó también de la intervención al intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR, HC), imputado por presunta lesión de confianza y otros delitos.
El presidente de la Comisión Especial, Avelino Dávalos (ANR, HC) leyó el dictamen en contra de la intervención, alegando que “la propia Contraloría en ningún momento ha dictaminado una auditoria en contra de la administración de Adorno”, pero evitó referirse a la imputación.
También usó la carta de la supuesta “persecución política” y acotó que presuntamente, en el caso de echar al intendente, se sometería a Estado a un “gasto innecesario con nuevas elecciones”.
“Prefiero que el Estado pague nuevas elecciones y que el actual intendente deje de robarle a la ciudadanía”, respondió la diputada Rocío Vallejo (PPQ), que expuso el dictamen a favor de la intervención.
La legisladora detalló que en este caso, la propia Fiscalía es la que cotejó irregularidades, sobre todo en lo que refiere a la presunta compra con fondos municipales de una camioneta 0 km a nombre de Adorno y que el descargo presentado por el intendente, lo comprometía aún más, ya que hay inconsistencias en las fechas de desembolsos.
En tal sentido, el diputado Roberto González (ANR, FR) se desmarcó de su correligionario, y también enfatizó en la presuntas irregularidades. Parafraseó incluso parte de la música “Cambalache” para describir la actitud de sus colegas que estaban a favor de la impunidad del jefe comunal.
Sobre todo reprochó a los “nuevos” diputados, que al momento de asumir, se jactaban de su intención de “lavar la cara” de la conocida como “Cámara de la Vergüenza”, y ahora en su votación, actuaban igual que varios de los de la anterior legislatura.
Tomás Olmedo, salvado en Ñemby
Finalmente, también se salvó al intendente de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR, FR), que si bien no está procesado penalmente como los casos anteriores, también fue denunciado por serias irregularidades.
El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, bancada C), por ejemplo, detalló que se pagaron millones para la construcción de empedrados, y en la planilla que presentó el intendente sobre la supuesta ubicación de las obras, las coordenadas no coincidían y por tanto no pudieron ser verificadas.
En este caso el diputado Hugo Meza (ANR, FR) defendió al intendente, diciendo que si bien inicialmente 12 intendentes aprobaron la intervención, ahora solamente el concejal Marcelo Martínez se mantiene en contra del intendente.