14 de mayo de 2026

La línea de transmisión de 500 kV Yguazú - Valenzuela, que debía estar operativa en 2024, según el análisis del IPPSE, registra un avance del 60%. Con ella buscan superar la crítica falta de redundancia en el sistema eléctrico paraguayo, responsable de los masivos apagones que afectaron al país el pasado verano.

Ante el abandono del camino interno de la comunidad de Piraretã, en el distrito de Valenzuela, vecinos organizados intensifican los trabajos de reparación y mantenimiento mediante actividades solidarias como polladas y donaciones, sin acompañamiento de la Municipalidad.

La intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), reconoció que los trabajos de reparación de calles y caminos vecinales en su distrito tienen una duración limitada y necesitan ser repetidos cada año. Fernández, que cumple su tercer periodo consecutivo desde 2010, dijo que la causa abierta por presunta mala administración y denuncias de obras “fantasma” tiene un fuerte tinte político. “Hoy día nuestra ciudad es una ciudad moderna”, dijo, defendiendo su gestión.

Pese a que la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), había afirmado que el camino interno de la compañía Piraretâ ya se encontraba reparado, fueron finalmente los propios vecinos quienes realizaron trabajos de cuneteado, ancheado y carga de ripio ante la ausencia de intervención municipal.

En la compañía Ñú Guazú, una familia que vivía entre paredes de palo de coco, bolsas y maderas recibió ayuda de sus vecinos, mientras las autoridades brillan por su ausencia. Alberto Servín, de 52 años, mantiene a seis hijos y cinco nietos trabajando en una chacra y haciendo labores duras como cavar pozos ciegos y canaletas. La extrema precariedad que enfrentan no movilizó a ninguna institución, pero sí a la comunidad que decidió actuar.

La Corte Suprema de Justicia resolvió declarar la competencia del Tribunal de Apelación en lo Penal de Cordillera para entender en la causa que se le investiga a la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), debido a que el supuesto daño patrimonial del por el cual fue imputada no alcanza los G. 600 millones para que un Tribunal Especializado de Delitos Económicos juzgue.