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Ante el hecho de que el senador Luis Alberto Pettenguill (ANR) recién hace un año aproximadamente se desprendió de sus acciones de la empresa constructora con contratos con el Estado, Ocho A S.A. y que la actual ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, hasta antes de asumir fue empleada de la constructora del disuelto Grupo Cartes, Jiménez Gaona & Lima, la senadora Kattya González (Partido Encuentro Nacional) pidió que se los investigue a ambos por presunta violación a Ley de Conflicto de Intereses.
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El eventual conflicto de interés radica en que ambas empresas figuran en la lista de beneficiadas por el proyecto de ley con media sanción del Senado, “por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”, en el que Pettengill votó a favor, y donde Centurión deberá gestionar el pago.
“Yo considero particularmente que se tenía que abstener (Pettengill), porque existe una obligación expresamente establecida en el artículo 20 que los legisladores que tengan un conflicto de intereses relacionados con sus empresas o vinculados a parientes dentro del segundo grado de afinidad o el cuarto de consanguinidad”, recordó.
Indicó que, en ese caso, la Cámara de Senadores debe abrir un expediente y definir las sanciones que pueden ir “desde multa, suspensión como la destitución”.
Ley de conflicto de intereses obliga a inhibirse
En el caso de Pettengill, que según documentos de la Abogacía del Tesoro se desprendió de sus acciones recién el 23 de marzo pasado, González recordó que la ley contra conflicto de intereses establece la obligación de inhibirse de votar en casos de vinculación de hasta tres años antes.
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“En el caso de la ministra de Obras Públicas porque ella estaba vinculada a empresas que también están en la lista”, acotó González, haciendo alusión al hecho de que la misma fue empleada de la firma Jiménez Gaona & Lima desde 2019 hasta el día de su designación, el 19 de junio pasado.
“Como ella va a hacer la verificación y el pago de esas obras, ella también tiene el deber de señalar el conflicto de interés en el que ella misma se encuentra comprendida”, acotó.
Según la lista de beneficiarios que cobrarán con el dinero obtenido de la colocación de bonos por US$ 600 millones, sin pasar por el Congreso, a Ocho A se le pagarán G. 90.065.859.475 y a Jiménez Gaona & Lima, G. 31.347.066.715.