Deuda a contratistas y farmacéuticas: Senado aprobó bonos por US$ 600 millones

La Cámara de Senadores aprobó ayer con modificaciones el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir bonos por hasta US$ 600 millones para pagar deudas, que eleva el tope de déficit fiscal a 4,1% y reprograma recursos para financiar el presupuesto 2023. Pasa a la Cámara de Diputados para su estudio.

La mayoría colorada aprobó el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo.
La mayoría colorada aprobó el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo.Gustavo Machado

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El proyecto de ley “Por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas fue presentado por el nuevo gobierno a consideración del Senado el 12 de setiembre pasado y aprobado ayer tras un extendido debate, por lo que pasa a Diputados para su estudio y se estima que en esta instancia la mayoría colorada lo sancionará rápidamente.

A pesar de que varios legisladores de la oposición se manifestaron en contra del proyecto la moción de postergación por 15 días, planteada por la senadora Yolanda Paredes y apoyada por la senadora Blanca Ovelar, no prosperó.

Los opositores argumentaron que es inconstitucional, es confiscatorio, un cheque en blanco que otorga superpoderes al Ejecutivo para manejar el presupuesto por decreto.

Además, indicaron que los detalles de acreedores recién llegaron en el día, no hay claridad en el monto adeudado y que se endeudará de nuevo al país para pagar compromisos que no tienen validación de Contrataciones Públicas ni certificación presupuestaria.

En ese sentido se manifestaron los senadores Rafael Filizzola, Eduardo Nakayama, Esperanza Martínez, Celeste Amarilla, Lider Amarilla y otros.

Amarilla, incluso, dijo que si se pagan estas deudas se estarían convalidando estas irregularidad y que las mismas deberían ser pagadas por los responsables del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Salud Pública, no cargarle a la ciudadanía.

Sugirió al presidente de la República, Santiago Peña, que denuncie ante la justicia los robos que todo el tiempo están diciendo ocurrió en el anterior gobierno de Mario Abdo Benítez.

Votos a favor de colorados y algunos liberales

Por su parte, la mayoría de los legisladores colorados cartistas y opositores aprobaron el proyecto en base al dictamen de la Comisión de Hacienda, que recomendó dar el visto bueno con modificaciones.

Los senadores colorados como Derlis Maidana, Derlis Osorio, Basilio “Bachi” Núñez, Javier Zacarías Irún, así como el liberal cartista Dionisio Amarrilla, argumentaron a favor de la aprobación del plan.

Señalaron, entre otros puntos, que no viola la Constitución Nacional, que este tipo de autorización ya se hizo durante la pandemia y antes inclusive, que se busca garantizar al gobierno la gestión fiscal responsable, transparente y eficiente.

Amarilla, que reconoció que hasta el martes último consideraba votar en contra, terminó apoyando porque dijo que indagó sobre el tema y correspondía, pero en contrapartida le pidió al presidente Peña que denuncie los desmanes generados en los ministerios y el modus operandi utilizado generar estas deudas.

Modificaciones introducidas al proyecto sobre bonos

El proyecto fue aprobado con algunas modificaciones, entre ellas exceptuar del artículo 4° a los municipios de Asunción y Mariscal Estigarribia, a fin de que éstos reciban los recursos que le corresponden, ya que en principio la Comisión de Hacienda había dictaminado testar el referido artículo referente a la utilización de los royalties y compensaciones que pertenecen a los gobiernos municipales y departamentales.

Además, se incluyó un párrafo en el artículo 8° que establece que el pago de la deuda es sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal de los administradores anteriores.

Bonos por US$ 600 millones y déficit a 4,1%

Los demás puntos fueron aprobados tal como lo solicitó el Ejecutivo, es decir eleva el tope de déficit fiscal establecido en la ley de presupuesto para este año, de 2,3% del PIB pasará a 4,1% del PIB.

Esta medida es como parte de un nuevo plan de convergencia fiscal del gobierno para volver al límite de 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal recién en el año 2026, no el año venidero como lo previó la anterior administración.

Se autoriza igualmente al Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a emitir bonos o contratar préstamos por hasta US$ 600 millones para pagar las deudas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con las empresas constructoras y del Ministerio de Salud Pública con las empresas farmacéuticas.

También autoriza a cubrir otros gastos utilizando los fondos presupuestados para cargos vacantes, que hoy se transfieren mensualmente como aporte a la Caja Fiscal; y los recursos percibidos en concepto de cánones por las concesiones otorgadas para la explotación de las diversas modalidades de juegos de azar.

Además, el Ejecutivo podrá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la utilización de los recursos no comprometidos de préstamos y bonos que hayan sido aprobados por ley para pagar gastos corrientes (serían los intereses de la deuda), con carácter de excepción a lo que dispone la ley de administración financiera que prohíbe cubrir este tipo de gastos con endeudamiento.

Senador critica a Fernández Valdovinos

El senador colorado Colym Soroka volvió a criticar la actitud del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, porque está subestimando a los parlamentarios.

Recordó que el ministro había abandonado la audiencia de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso sin responder las consultas.

El legislador se dirigió al presidente Peña, para preguntar quién es Fernández Valdovinos para darle tanto poder, a través de esta ley que establece medidas extraordinarias de gestión.

No toda la deuda es para medicamentos

Las senadoras Yolanda Paredes y Kattya González durante la sesión señalaron que el listado de acreedores entregado por la ministra de Salud, María Teresa Barán, no solo es para pagar a farmacéuticas sino también incluye viveros, talleres, electrodomésticos, bancos y otras empresas que no tienen relación con medicamentos.

En ese sentido, criticaron que se habían asegurado que los compromisos eran por compra de medicamentos, pero el listado indicaba lo contrario, por lo que exigieron una explicación al respecto.

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