La semana pasada, los ministros del Interior, Enrique Riera, y de Justicia, Ángel Barchini, en representación del Ejecutivo habían urgido al presidente de Diputados la modificación de las leyes relacionadas a las tobilleras electrónicas, principalmente en lo relacionado al financiamiento y algunos artículos que hacen a los requisitos para acogerse al beneficio.
Hasta ayer al menos no figuraban dictámenes sobre el proyecto de modificación, por lo que se espera que hoy en las comisiones puedan emitirse, a fin de que sean puestos a consideración mañana en la sesión ordinaria fijada para las 09:00.
Actualmente la ley establece que el Estado deberá proveer los recursos para la compra de los dispositivos, que básicamente son tobilleras que establecen la localización de un procesado o condenado con prisión domiciliaria u otras medidas restrictivas similares, dentro de un perímetro establecido.
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La idea es que imputados paguen por las tobilleras electrónicas
La intención del Gobierno es que se le faculte a exigir que el beneficiario pague por el servicio, tal como se establece por ejemplo una fianza, aunque se incluirían excepciones para procesados que se declaren insolventes.
En cualquiera de los casos, se responsabiliza al beneficiario del buen estado de los dispositivos, y en el caso de dañarlos adrede, con el fin de violar una medida judicial, estos deberán pagar por el daño, además de enfrentar las consecuencias penales correspondientes.
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El apuro del Gobierno radica en que hace un par de semanas, el presidente Santiago Peña emitió la reglamentación de la ley y que en paralelo, ya iniciaron el trabajo en un llamado a licitación, para iniciar con la implementación al menos como un plan piloto, antes de fin de año.