Ocupantes vip: quienes no entreguen llaves pagarán costo de derrumbes que realice el Estado, según procurador

Según explicó el procurador general de la República, Marco Aurelio González, hasta ahora de 17 ocupaciones vip que identificaron en la finca 916 del Ministerio de Defensa, seis ya entregaron sus casas, otras seis desmantelaron sus edificaciones y este sábado se cumple el plazo de 15 días que pidieron para retirar sus pertenencias, lo cual ya habrían cumplido, según comunicaron.

“Planteamos la demanda para que al reconocer la propiedad del Ministerio de Defensa también se le ordena a la gente que está allí que se desaloje, que derrumbe todo lo edificado y que sea el costo a cargo de ellos”, indicó en conversación con ABC Cardinal.

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Agregó que los 11 ocupantes que no entregaron todavía sus llaves ya fueron demandados por el Estado y tienen 18 días para contestar, pero que recién una vez que transcurra todo el proceso judicial con una resolución firme, podrían ser expulsados por la fuerza.

Ocupantes vip aún pueden entregar llaves pese a demanda

Marco Aurelio González dijo que a pesar de estar los ocupantes vip que no entregaron sus llaves en la demanda, el Estado está abierto a recibirlas, que los demandados admitan la invasión y se retiren del lugar con todas sus pertenencias, caso contrario se les impondrán los costos de juicio y honorarios.

“Es así, a costa de ellos, que ellos paguen, asimismo, y a dicho efecto es que se ha procedido a trabar vía embargo los bienes de esos ocupantes para que de allí salga el dinero con el que se va a pagar la demolición”, refirió y recordó que el monto embargado es de aproximadamente G. 1.800 millones.

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Agregó que las náuticas que se encuentran en la zona también tendrán el mismo proceso y que las mismas ni siquiera cuentan con el permiso correspondiente de la Armada Nacional y que de no retirar las embarcaciones que estén a nombre de los ocupantes, las mismas serán incautadas.

Ocupantes vip: derrumbe de casas

El procurador explicó que realizan el derrumbe de los edificios porque el Ministerio de Defensa debe tener a disposición el inmueble para poder decidir qué hacer en el lugar, por lo que las casas construidas podrían ser una molestia. Agregó que la institución ya dispuso el despliegue de personal militar en la zona que la custodia para evitar nuevas invasiones.

Contó que al iniciar la diligencia preparatoria ya hubo cuatro partes que presentaron recusaciones, lo que da la pauta de que van a chicanear. Citó que también hubo otras personas que se acercaron a hablar con las autoridades, pero ya afirmaron hasta donde litigarían. “Entonces, el comportamiento que están teniendo en el expediente judicial demuestran que ellos van a litigar. Creemos que continuarían, pero esperamos y ansiamos que puedan entrar en razón”, aseveró.

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Sobre las personas que exhibieron títulos de propiedad en la zona, aludiendo que pagaron por los inmuebles, afirmó que dichos actos son totalmente nulos. “Nadie más que el titular puede conceder el dominio en la propiedad de la titularidad de un bien, o sea un inmueble en el Paraguay, entonces no tiene ningún valor ni ninguna capacidad de otorgar ningún derecho. Ellos no pueden alegar ‘a mí el municipio me vendió’, eventualmente tienen que reclamarle al municipio, pero no al Ministerio de Defensa”, sentenció.

Ocupantes del aeródromo Nicolás Bo

Sobre la zona donde se ubica el aeródromo Nicolás Bo dijo que están dentro de la finca 916, la cual tiene más de 9.000 hectáreas, y que no forman parte del caso de los Ocupantes vip, que son tan solo 30 hectáreas aproximadamente, pero en la zona ribereña.

“Nos fuimos con el ministro de Defensa, el ministro de Vivienda y Urbanismo, el ministro de Desarrollo Social y el asesor político de la Presidencia a la Gobernación para reunirnos con las autoridades municipales y con los ocupantes que están en esa zona y llegamos a un acuerdo de realizar un censo”, contó.

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Dijo que los ocupantes de la zona del aeródromo cumplieron con su parte, remitieron las carpetas con firma y quedaron en que el siguiente paso es que el Ministerio de Defensa corrobore los datos con un censo realizado por los mismos efectivos.

Agregó que a pesar de que se empieza a hablar de una alternativa, quieren ser cautos, porque una alternativa válida se basará en números válidos y por eso es que se está avanzando con el censo, debido a que la ocupación es mucho más precaria de las que están en esta zona ribereña.

Denuncias de otras invasiones en Remansito

Marco Aurelio González contó que recibieron una denuncia de un grupo de familias fuera de la finca 916 sobre una supuesta invasión, pero que no tienen conocimiento de a quién pertenecerían los inmuebles, ni dónde están ubicados.

“Hemos pedido informes a Registros Públicos y si aquí constatamos que se trata de un inmueble del Estado, vamos a proceder de la misma manera también. Tenemos algunos avances, algunos diálogos. Estamos reuniendo alguna información para ver si es que se da la misma situación también con otras instituciones públicas”, relató.

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Consultado sobre si recibió presiones políticas tras lo actuado, respondió que cuenta con 100% del apoyo del presidente de la República, Santiago Peña, y que la instrucción precisa y expresa fue de “hacer todo lo que haya que hacer todo dentro de la ley pero con el máximo rigor de la ley”.

Otros casos en instancias judiciales internacionales

El procurador citó los casos que el Estado Paraguayo mantiene en instancias judiciales internacionales, siendo el primero de ellos el caso contra Mota Engil, del fallido metrobús, cuyo arbitraje hace tiempo está en autos, lo que quiere decir que tienen que tomar soluciones en cualquier momento.

Además del caso de Petróleos Paraguayos (Petropar) contra Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) que está suspendido.

Otro caso es el del posible litigio con Covax, que hasta ahora está en etapa de intercambio de posiciones de una y otra parte, por lo que habría que esperar el desenlace.

Por último, dijo que Paraguay tiene 17 casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal vez un poco más, pero entre ellos está el caso del expresidente de la República, Fernando Lugo, por su destitución, que denunció como “inconstitucional” que probablemente el año que viene se estará tratando.