Extitular de la SET intima a poblador a desocupar lote que le fue adjudicado

“Intimo a usted y su familia a desocupar la Finca 5248 de Paraguarí, de mi propiedad; en el plazo de 90 días contados a partir del 1 de setiembre de 2023. En caso contrario iniciaré las acciones judiciales que me corresponden en derecho” (sic), dice la comunicación vía escribanía firmada por la exviceministra de Tributación Marta González Ayala, que fue recibida el sábado último por Juan Báez y su esposa, Amelia Montiel de Báez.

Llama la atención que la notificación se hace para desocupar el lote fiscal que le había sido adjudicado y transferido a título definitivo por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con una numeración de finca y padrón completamente distintos.

Más sugestivo es que todo este suceso se da mientras el ente agrario se mantiene indiferente y dilata la entrega de su escritura a Báez, pese a que este es sujeto de la reforma agraria. Además, ya pagó íntegramente el precio estipulado por la tierra fiscal.

Usufructo que ya no existe

La comunicación notarial de la exfuncionaria del gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) menciona que la intimación es por la “extinción de un usufructo vitalicio sobre la Finca Nº 5248 de Paraguarí” (propiedad de González Ayala) a favor de Vicente Montiel y Daniela Galeano de Montiel, suegros de Juan Báez.

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González dice que la extinción del usufructo se dio por el fallecimiento, el 31 de agosto de 2023, de la última sobreviviente de los usufructuarios.

Efectivamente, Montiel y esposa habían firmado un usufructo vitalicio cuando vendieron sus propiedades a la empresa Ruta 63 SA. Esta firma luego volvió a transferir las fincas a González Ayala y su esposo, el abogado Jacinto Santamaría.

González Ayala y Santamaría, cuando firmaron el título, se habrían comprometido a respetar dicho pacto. Sin embargo, tal cosa no ocurrió –según las denuncias– y la pareja Montiel Galeano fue expulsada, alojándose en la fracción fiscal de 16 hectáreas excedente de la Finca 5248 que luego quedó para su yerno Juan Báez.

Dicha fracción fiscal luego es determinada a través de mensura judicial con la sentencia definitiva Nº 267 del 12 de noviembre de 2009, firmada por la jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del segundo turno de Paraguarí, Liduvina Otazú.

El 5 de marzo de 2015, la jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del primer turno de Paraguarí, Nancy Cabrera, pidió la inscripción de ese excedente fiscal de 16 hectáreas con 6.463 metros cuadrados y 3.122 centímetros cuadrados a favor del Indert. Se inscribió bajo la matrícula J01/7102, padrón Nº 6353.

El ente agrario luego de los trámites correspondientes adjudica el terreno el 29 de noviembre de 2022 a Juan Báez, por reunir cada uno de los requisitos para ser sujeto de la reforma agraria. Mientras que González Ayala, quien también se postuló para adjudicarse el lote fiscal, fue desestimada por ser funcionaria pública y no reunir los requerimientos establecidos en la ley Nº 1863/2002 “Que establece el estatuto agrario”.

El 9 de agosto de 2023, el Indert procede a firmar la escritura de transferencia definitiva. Sin embargo, hasta la fecha dilata su remisión a la Dirección General de Registros Públicos para su inscripción final.

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Lo extraño es que todo el trámite quedó varado tras una suspicaz visita de la ex funcionaria cartista al Indert. El actual presidente de esa institución, Francisco Ruiz Díaz, incluso el 26 de octubre último dijo desconocer las diligencias sobre el terreno que era fiscal.

Error de datos, afirma

El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, afirmó ayer que la escritura para la transferencia de Juan Báez está en la asesoría jurídica de la institución, debido a una nota negativa de la Dirección General de Registros Públicos. Aseguró que debido a la “velocidad extraordinaria” con que se intentó inscribir el título se cometieron errores, con respecto a los límites del excedente fiscal. Afirmó que en la titulación se consignaron supuestamente los datos del lote que pertenece a la exviceministra. Sobre la intimación de desocupar, solo atinó a responder: “Tendría que ver los documentos”.