El analista jurídico Ezequiel Santagada señaló que es importante que la Corte se expida lo antes posible sobre la excepción de inconstitucionalidad que planteó la defensa de la directora y un periodista de ABC Color contra tres artículos del Código Penal. Afirmó que si la CSJ rechaza dicha acción, “se viene una etapa negra para la libertad de expresión”, atendiendo a que -indicó- políticos utilizarán masivamente la querella contra publicaciones de medios.
En medio de los problemas que registró ayer la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de gestión tributaria Marangatu 2.0 y la lluvia de reclamos de los contribuyentes, la viceministra de Tributación Marta González Ayala presentó su renuncia al cargo con “la satisfacción de la misión cumplida”, según ella.
La acción de inconstitucionalidad que será presentada hoy por la abogada tributarista Nora Ruoti en representación de unos 230 profesionales contadores por los cambios introducidos por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en materia de IRP, en lo referente a los “gastos e inversiones deducibles”, incluirá una petición en contra de la extitular de dicha repartición Marta González Ayala, quien renunció recientemente.
Cuando aún era titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Marta González Ayala (quien renunció al cargo recientemente) se ha extralimitado en sus funciones y ha violado sus deberes como funcionaria pública”, de acuerdo a la acción de inconstitucionalidad interpuesta ayer por la abogada tributarista Nora Ruoti, en la que se pide juzgar la responsabilidad de la ahora exviceministra en los hechos denunciados, entre otras cosas por haber concretado “la modificación de la Ley de la Renta Personal (IRP) mediante reglamentaciones”.
Durante los años que fue viceministra de Tributación, Marta González Ayala fue duramente cuestionada. Una empresa de su propiedad seguía facturando millones para realizar auditorías contables en entidades públicas.
El nombre de Marta González Ayala no figura en ninguno de los documentos que forman parte de la licitación para la actualización del sistema Marangatu. A pesar de ser la máxima autoridad de Tributación, la entonces viceministra no suscribió siquiera el contrato con el CIAT, organismo del que era directiva y al que terminó beneficiado con millonarios contratos durante su administración.