Inicialmente la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la diputada cartista Cristina Villalba, argumentó inicialmente a favor del proyecto de ley que “declara en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos del territorio de la República y establece los objetivos del Plan de Seguridad Penitenciaria con el concurso de las fuerzas públicas, y deroga la Ley Nº 7238/2023 y la Ley Nº 7420/2024”.
Sin embargo, el diputado Raúl Benítez (Independiente) expresó su rechazo a la ley, alegando que consideraba que a estas alturas “no tiene ningún tipo de sentido porque el Ministerio de Justicia debería venir ya a estas alturas con un presupuesto adecuado, actualizado y un plan claro y lo que estamos haciendo es darle facultades que luego dificultan el control del uso del dinero público”.
Sin embargo, no fueron sus argumentos los que convencieron a los cartistas, sino una simple moción –sin exponer siquiera los motivos– del diputado cartista Esteban Samaniego, que se limitó –sin más– a plantear la postergación.
El presidente de la Cámara Baja, el diputado cartista Raúl Latorre sometió a consideración del pleno el pedido de aplazamiento y se consideró aprobado al no encontrar objeción.
Casi como el pan dulce, la sidra, el pesebre y la flor de coco, la declaración de emergencia penitenciaria se constituyó en una “tradición de fin de año”, al menos desde 2016, en el gobierno de Horacio Cartes, la continuó casi “religiosamente” cada año el expresidente Mario Abdo Benítez y lo mantiene en todo lo que va de su mandato Santiago Peña.