El Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS) expresó mediante un comunicado su rotundo rechazo al acuerdo bilateral denominado Status of Forces Agreement (SOFA), suscrito recientemente por el canciller nacional, Rubén Ramírez, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.
Desde la nucleación política calificaron el pacto como “entreguista” y expresaron su profunda preocupación ante una eventual ratificación por parte del Congreso Nacional.
El acuerdo concede a los funcionarios militares, civiles y contratistas de Estados Unidos las mismas inmunidades que tienen las misiones diplomáticas en el país.
Para el PCPS estas atribuciones son excesivas y denuncian que se permitiría la movilización de tropas y equipo militar de todo tipo, así como la intervención de comunicaciones en territorio paraguayo sin control del Estado local.
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Dudas sobre la lucha contra el narcotráfico
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo este acuerdo permitirá enfrentar conjuntamente al crimen organizado y el narcotráfico en la región, además de formar parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Desde la institución paraguaya sostienen que el texto subscripto establece un amplio trabajo conjunto en la lucha contra el crimen transnacional.
Sin embargo, desde la nucleación política advierten que el convenio facultaría a las fuerzas extranjeras a “atacar a ciudadanas y ciudadanos paraguayos”, tanto civiles como militares, evadiendo cualquier tipo de fiscalización por parte de las autoridades nacionales.
Si bien el acuerdo se promociona oficialmente como una herramienta para el combate al tráfico de drogas, el PCPS sostiene que el texto no establece lineamientos claros para atacar dicho problema, por el contrario, aseguran que existe el potencial de convertir al Paraguay en una base de operaciones de los Estados Unidos en la región, vulnerando la Constitución Nacional y la soberanía de los ciudadanos.
Para el PCPS este acercamiento responde a una “peligrosa disputa” de los Estados Unidos por controlar recursos naturales estratégicos.
Acusan al gobierno de Santiago Peña de dar continuidad a una línea “históricamente entreguista” atribuida al Partido Colorado y al cartismo y llama a las organizaciones sociales y a la sociedad civil a movilizarse para exigir al Poder Legislativo el rechazo de lo que consideran un “intento de invasión concertada” que podría tener efectos calamitosos para la seguridad y la convivencia con países hermanos.