El pasado jueves, el diputado opositor Raúl Benítez (Independiente) presentó el proyecto de ley “que abroga (elimina) la Ley Nº 6112/18 ‘del Fondo de jubilaciones y pensiones para miembros del Poder Legislativos”, que es la que concede la famosa jubilación “vip” a los legisladores.
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Recurrentemente, al debatirse el tema se mencionan como grandes asimetrías en comparación al ciudadano “común” que apunta a una jubilación en el Instituto de Previsión Social (IPS) las condiciones para acceder al retiro, principalmente las diferencias entre años de aporte y la edad mínima (ver cuadro).
Sin embargo, normalmente poco se menciona que una de las mayores diferencias es que al aportante del IPS que incluso tenga la “bendición” de ganar un salario millonario, nunca podrá tener una jubilación mayor a la de los legisladores, por más que incluso aporte más.
Esto ya que el IPS establece como tope máximo de haber jubilatorio el equivalente a 10 salarios mínimos, lo que en la actualidad representa unos G. 28.990.480, mientras que la jubilación vip ordinaria de un parlamentario actualmente asciende a G. 30.320.000.
Hay casos judicializados como el de un grupo de navieros que accionaron judicialmente mediante una acción de inconstitucionalidad contra el IPS para percibir una jubilación mayor al tope, ya que a los mismos se les descontaban aportes sin tener en cuenta el tope, pero si se lo imponían a la hora del pago de sus haberes jubilatorios.
“Aprietan” a los otros
Apenas se planteó la reforma de la Caja Parlamentaría ya saltaron legisladores oficialistas a poner trabas y chicanas, empezando por el presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, su colega cartista Silvio “Beto” Ovelar y su aliado liberocartista, Dionisio Amarilla.
Sin embargo, en lo que va de este gobierno han apretado como pueden a los aportantes de otras cajas, empezando por IPS, donde reformaron los años de cálculo para el haber jubilatorio, al igual que bajaron sustancialmente el monto del haber mínimo jubilatario.
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En diciembre del 2024, el presidente de la República, Santiago Peña promulgó la ley que elevó de 3 a 10 años el plazo para el cálculo de la jubilación del IPS, es decir, se promedian los salarios de toda una década para calcular cuando cobrará el jubilado en su retiro.
Para el legislador es mucho más laxo, se pueden hasta autoaumentar sus dietas dos años antes de retirarse y eso ya se verá reflejado en su jubilación posterior.
Otro apriete que hicieron en IPS se dio en abril de 2024, cuando se bajó el haber mínimo jubilatorio (tope mínimo) de 75% del salario mínimo vigente a apenas el 33%.
Es decir, antes de este gobierno ningún jubilado podía percibir menos de G. 2.174.286 (según el salario actual), monto que bajaron a apenas G. 956.685.
Ahora piden a los aportantes de la Caja Fiscal que se ajusten los cinturones, ya que desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) remitieron el proyecto de reforma que afectará sobre todo a policías, militares, docentes nacionales y universatarios y magistrados judiciales.
Si bien la crisis de la Caja Fiscal es real con un déficit anual el año pasado de US$ 380 millones, lo que no se ve es la intención de dar el ejemplo ajustando sus propios privilegios.
La propuesta del Ejecutivo y que ahora deberá ser analizada por los legisladores pretende que docentes, policías y militares lleguen a los 62 años de edad y al menos 25 de aporte para acceder a una jubilación igual al 100% de su salario, mientras que ellos pretenden seguir con su jubilación vip con 10 a 15 años de aporte y 55 años de edad.
En periodos anteriores ya se planteó eliminar la jubilación vip pero, de momento, no prosperó.
Beneficio para familiares
Varios de los legisladores de este periodo tienen ubicados a sus “nepobabies” en el Congreso, pero incluso en caso de la jubilación parlamentaria, la ley establece la posibilidad de que ante la muerte del titular, sus familiares puedan reclamar una pensión.
Esta es equivalente al 70% de la jubilación, es decir, G. 21.224.000 (en la eventualidad de que se haya acogido a la jubilación ordinaria) y unos G. 15.918.000 (en caso de jubilación extraordinaria). Los familiares tienen hasta un año tras el deceso para gestionar este beneficio.